En la
Auditoría, donde tiene que haber un opositor, el macrismo puso un
oficialista. En la oficina antilavado, donde tiene que haber alguien que
investigue y enjuicie el lavado de dinero, el macrismo puso a la
abogada de un banco acusado de ese delito. En la Afsca, donde tiene que
haber un enemigo de los monopolios, el macrismo directamente hizo
desaparecer el organismo. En el Consejo de la Magistratura, donde había
que reemplazar un puesto que le corresponde al Frente para la Victoria
por ser la primera minoría del Congreso, el macrismo formó una alianza
precaria de unas horas para designar con bajísima calidad democrática a
un hombre de su riñón. Al mismo tiempo se producían las mayores
inundaciones de la historia del río Uruguay con más de 20 mil evacuados.
El presidente Mauricio Macri y el secretario de Ambiente, Sergio
Bergman, aparecieron para la foto y siguieron de vacaciones. Cualquiera
de estas situaciones hubiera provocado una catarata de diatribas si las
hubiera generado el kirchnerismo, pero han pasado desapercibidas para el
gran público que se informa en los medios concentrados de comunicación,
especialmente los del Grupo Clarín que ha colocado a varios de sus
empleados en cargos del nuevo gobierno.
Si después del masivo y extendido debate que implicó la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual quedaba alguna duda, la forma en
que el gobierno conservador priorizó la salvaguarda de los intereses del
multimedia confirmó la necesidad de esta norma. La concentración de la
propiedad de los medios de comunicación no solamente implica competencia
desleal, como cualquier monopolio, sino que también conlleva una fuerte
concentración de poder político en un ámbito ajeno a las instituciones
democráticas y republicanas.
Al ser entrevistado por una radio, uno de los afectados por los
cortes de luz de esta semana, pidió de hecho que le aumenten las
tarifas. El hombre estaba cortando la calle para reclamar que devuelvan
el servicio eléctrico a un barrio del sur de la CABA. “Pero este
gobierno no tiene la culpa –aclaraba– porque esto viene de años sin
inversión ya que las empresas no tienen plata para invertir”. En el afán
de echarles la culpa a los gobiernos kirchneristas, el hombre reclamaba
que le aumentaran las tarifas.
El vecino estaba ganado por el discurso de sus propios verdugos. El
lobby de las privatizadas, formado por ex secretarios de Energía de
gobiernos anteriores respaldados por los medios corporativos, diseñó
esos argumentos como parte de una fuerte presión para aumentar las
tarifas. El gobierno kirchnerista otorgaba subsidios a las empresas para
que mantuvieran las tarifas bajas. Lo que no recaudan con las tarifas,
las privatizadas lo hacen con los subsidios, aunque dicen que así
tampoco les alcanza. Al que le cortaron la luz repite el discurso de las
empresas que se la cortan. Es casi como hacerse el harakiri, porque
habla por boca de los medios concentrados que amplifican los argumentos
de las privatizadas. Ese vecino alienado por un discurso mediático
hegemónico es un ejemplo patético del poder de manipulación de una
corporación con posición dominante en el mundo de la información: aún
perjudicado, asume como propio el discurso del que lo perjudica.
El argumento del ministro de Energía, Juan José Aranguren, para el
inminente aumento de las tarifas, fue que los bajos precios
descapitalizaban a las privatizadas y alentaban el despilfarro. El eje
ya no está en producir más energía. Lo que ahora dicen es que falla la
distribución. La famosa crisis energética con la que hicieron tanto
ruido desde la oposición, ya no se explica principalmente por la falta
de energía sino por las fallas en su distribución. Ahora, desde el
Gobierno, se elabora otro diagnóstico y se plantean otras respuestas. Se
insinúa, por ejemplo, que se frenará la construcción de dos grandes
centrales hidroeléctricas en Santa Cruz, como denunció Cristina
Kirchner. Ya no se habla de producir más energía como prioridad, sino de
subir las tarifas para bajar el consumo y así aliviar las líneas de
distribución.
Frente a problemas creados en los doce años de gestión kirchnerista
por el incremento de la demanda de energía eléctrica –que es sinónimo de
aumento de la calidad de vida–, la solución que plantea el macrismo es
bajar la calidad de vida. Es la respuesta que en general está dando en
todos los planos de una economía puesta en crisis por un doble frente:
por un lado la inflación y las turbulencias del permanente crecimiento
de la demanda en el consumo interno. Y la crisis mundial, por el otro,
que cierra mercados y presiona por entrar, también desde hace ya varios
años. La respuesta del gobierno macrista –respaldado por la derecha
radical– ha sido una fuerte devaluación del peso, que supuestamente le
daría competitividad a las exportaciones; y al mismo tiempo un salto de
la inflación que reduce el salario. Con estas medidas, la inflación será
alta entre noviembre y marzo (se estima que en noviembre y diciembre
estaría entre el 8 y el 10 por ciento y podría rondar el 40 por ciento
anual, de marzo a marzo). El impacto de semejante inflación sobre los
sueldos y las jubilaciones reducirá la demanda y enfriará la economía.
Con la economía planchada, la inflación se reducirá a partir de mediados
del año próximo.
Es difícil, aún con devaluación, que la pequeña y mediana industria
aumenten sus exportaciones porque el problema no son los precios, sino
que Brasil –o cualquier otro mercado en el mundo actual– precisa vender y
no comprar. Si se pincha el mercado interno y no crecen las
exportaciones, el país estará en problemas.
Más allá del pronóstico sobre la economía, queda claro que en
noviembre, entre la primera y segunda vuelta electoral, el actual
ministro Alfonso Prat-Gay provocó la disparada de los precios cuando
anunció que el gobierno de Macri devaluaría el peso y levantaría las
retenciones. El kilo de asado pasó de 85 a 120 pesos, por ejemplo, e
incrementos similares se produjeron en las harinas. Ese proceso siguió
en diciembre y se prolongará varios meses. Y justamente durante esos
meses en los que se producirá un pico muy alto de la inflación, el Indec
anunció que no publicará ningún índice. Parece un chiste.
La ofensiva relámpago contra la ley de medios tiene que ver con la
necesidad imperiosa del gobierno conservador por instalar una sola
versión de la realidad. Después de la crítica oceánica a los gobiernos
kirchneristas por el manejo de los índices de inflación (que en
definitiva no afectaban a los bolsillos de la gente porque no se usaban
como parámetro en las paritarias) el anuncio del Indec macrista de que
directamente no publicará cifras de inflación en los meses en los que se
producirá el mayor pico inflacionario, revela que las críticas a la
manipulación de los índices que hacían el PRO y los radicales fue nada
más que parte de la disputa por el control de la información y no por su
democratización. Los medios concentrados y sus periodistas voceros
respaldan la blitzkrieg contra la ley de medios, la Afsca y Martín
Sabbatella y hacen silencio de radio sobre la agresiva escalada actual
de los precios. De la misma forma en que ya no hablan de la carestía de
la vida también abandonaron el tono amarillista sobre la inseguridad.
Con la llegada de un gobierno que respaldan abandonaron dos de sus temas
favoritos: inflación e inseguridad.
El nuevo gobierno se instaló con comodidad en los tradicionales cien
días de gracia. Y una porción importante de la sociedad está pensando en
las fiestas y en sus vacaciones. Es un paréntesis de impunidad que se
apoya además con mucha fuerza en la protección de los medios
corporativos. Está comprobado que la manipulación mediática, favorecida
por la escasa o nula pluralidad de voces, como ocurre en el sistema
argentino de medios, puede hacerle creer que está mal a gran parte de
una sociedad que está bien. Simplemente porque siempre se puede estar
mejor. Pero al revés es más difícil. Cuando la gente está mal, en algún
momento empieza a pesar más lo real que lo virtual.