La deuda pública de 73.000 millones de dólares que soporta Puerto
Rico amenaza con llevar a la isla caribeña a la quiebra. El Gobierno de
la región ha anunciado que llevará a cabo un plan de ajuste para evitar
este default.
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Así, según recoge
CNN Expansión, el gobernador portorriqueño, Alejandro García Padilla, busca
“lograr una moratoria negociada con los acreedores para posponer por un número de años los pagos de la deuda”.
En declaraciones a la televisión, también dijo que Así, según recoge
CNN Expansión, el gobernador portorriqueño, Alejandro García Padilla,
busca “lograr una moratoria negociada con los acreedores para posponer
por un número de años los pagos de la deuda”. En declaraciones a la
televisión, también dijo que es hora de que
la isla rompa "el círculo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos".
Es hora de que la isla rompa el círculo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos
Tras años de crecimiento económico negativo,
Puerto Rico se encuentra asfixiado por la falta de liquidez,
por lo que García Padilla solicita compartir el “sacrificio con los
acreedores”. Por otra parte, el gobernador de este estado libre asociado
a EEUU pide al Gobierno estadounidense modificar la ley de quiebras
para que pueda declararse en bancarrota, algo que en la actualidad le
está prohibido.
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EEUU: AYUDA SÍ, RESCATE NO
Por su parte, desde el Ejecutivo de Barack Obama, se ha asegurado que no se contempla un rescate del Estado portorriqueño y
se le ha urgido a “avanzar hacia un plan fiscal y económico a largo plazo que brinde sostenibilidad”.
Desde San Juan,
García Padilla se ha puesto en marcha para llevar a cabo estas reformas,
en línea con un informe del Fondo Monetario Internacional, pero también
ha dejado claro que no aplicará algunas de las recomendaciones
sugeridas.
"No vamos a permitir que la pesada carga de la deuda heredada nos arrodille.
No podemos permitir que nos obliguen a escoger entre pagarles a policías, maestros y enfermeras, o pagar la deuda”, ha declarado, para dejar calo que no recortará en educación y no rebajará el salario mínimo.