El juez responsabiliza a Blesa y Rato de todo el gasto de las tarjetas opacas
Impone fianzas de 16 millones al expresidente de Caja Madrid y tres al de Bankia
Rato tras declarar en la Audiencia Nacional /
FOTO: ULY MARTÍN / VÍDEO:ATLAS
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu atribuyó este jueves a
Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y a Rodrigo Rato, de Bankia, la plena responsabilidad por el
sistema de tarjetas de crédito opacas que permitió a 83 consejeros de
ambas entidades cargar 15,5 millones de euros en gastos personales a las cuentas
de la caja. Tras tomar declaración como imputados por este escándalo a ambos
exdirectivos, así como al ex director general de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj, el
magistrado impuso una fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros
para Blesa y de tres millones para Rato.
Los exdirectivos deberán depositar este dinero antes del miércoles o se les
embargarán sus bienes. La fianza cubre tanto la responsabilidad civil como las
posibles multas a imponer. Andreu explicó en el auto que este montante cubre el
dinero cargado a las arcas de Caja Madrid, así como un 25% adicional que permite
la ley por el posible ilícito. El juez les considera supuestos autores de un delito continuado de administración
desleal “que sanciona a los administradores de una sociedad que realizan
conductas causantes de perjuicios con abuso de las funciones propias de su
cargo”.
Con su fianza, el juez Andreu fue más allá de la petición del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón y de la acusación particular que ejerce el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tuvo que inyectar 22.424 millones de euros de origen público para evitar la quiebra de la caja madrileña. El representante del ministerio público había solicitado una fianza civil de 15 millones para Blesa y 245.000 para Rato y el abogado del Estado que representa al FROB, se adhirió a esta solicitud.
La decisión del juez llegó después de un interrogatorio a los expresidentes, en el que intentaron defender que las tarjetas fantasma —cuya existencia no consta ni en los contratos laborales de los consejeros y directivos ni en los estatutos de la caja— eran un complemento salarial. Los imputados no pudieron explicar por qué nunca declararon este dinero a Hacienda.
El juez y el fiscal nunca han creído que este dinero se destinara a gastos de representación de la entidad crediticia. Y los imputados no se molestaron en hacerles cambiar de opinión. No obstante, sus versiones difieren en aspectos esenciales. Según Blesa y Sánchez Barcoj, el dinero de plástico era un complemento retributivo “flexible” o “de libre disposición” que se sumaba a su salario oficial. Para Rato, en cambio, se trataba de un pago que formaba parte de su salario anual y que se descontaba de este.
Los tres exdirectivos también dijeron que entendían que los supervisores y
los diferentes órganos de la entidad conocían estos pagos, aunque no pudieron
dar explicaciones que convencieran al juez o al fiscal. Blesa llegó a decir que
ningún organismo de Caja Madrid, como el Comité de Medios, le dio explicaciones
sobre cómo se contabilizaban las tarjetas, ante lo que el fiscal, con evidente
enojo, según fuentes presentes en la sala, le respondió: “Usted era el
presidente y estaba allí para dar explicaciones. Estoy convencido de que tenía
que saber cómo se contabilizaban las tarjetas”.
El primero en declarar fue Sánchez Barcoj, que describió a Blesa como un presidente con un poder absoluto. “Con seguridad, quién tiene tarjeta y cuánto va en la tarjeta, era decisión de Blesa”, afirmó. También comentó que él no fue el responsable de la organización de las tarjetas, ya que venía de atrás, de 1988, cuando el presidente era Jaime Terceiro.
Barcoj aseguró que “las comunicaciones” sobre el otorgamiento de nuevas tarjetas las hacía el presidente, y que eran sus secretarias las que se encargaban de tramitarlas. Según el ex director general y principal usuario del medio de pago opaco —575.000 euros— “nadie declaraba ese dinero a Hacienda porque se suponía que ya lo hacía la caja”. El ejecutivo se desvinculó de la idea de las tarjetas black: “Desde luego que yo no he ideado ni las tarjetas ni nada ¿Cómo voy a decidir quién de los consejeros tenía tarjeta?”, le dijo al fiscal Luzón.
Blesa, que estuvo 55 minutos declarando, coincidió en que el uso de tarjetas opacas de los consejeros era una costumbre en la entidad, y para reforzar esta tesis trajo a colación actas del consejo de Caja Madrid que se remontan al año 1988. Con estos documentos trataba de demostrar que las tarjetas opacas eran una “práctica consuetudinaria” desde los años ochenta del siglo pasado. “No pregunto por los fundamentos jurídicos de estas tarjetas. Simplemente, era costumbre”, señaló. Las manifestaciones de Blesa, inspector de Hacienda en excedencia, que sostuvo que “se pagaban retribuciones con una tarjeta para gastar” y que “nadie” le dijo que hubiera que declarar estas cantidades, causaron el enfado del fiscal.
Por su parte, Rodrigo Rato, el último directivo en comparecer este jueves,
siguió por una senda parecida a sus compañeros. “Entiendo que la tarjeta es
parte de mi retribución para gastos personales. Para gastos de representación
tenía otra”, afirmó. El exministro de Economía y ex director gerente del Fondo
Monetario Internacional añadió: “No recibo ninguna información que me haga
pensar que no estaba pagando impuestos (...), era algo que existía desde hace
más de 15 años y no me planteé nada”.
La gran sorpresa de la declaración de Rato fue, no obstante, la pregunta que le formuló el fiscal sobre un pago de seis millones que le realizó la banca Lazard, la entidad que lideró y cobró grandes comisiones por la salida a bolsa de Bankia en julio de 2012. Rato fichó por este banco tras abandonar el FMI. El ejecutivo señaló que el dinero corresponde a unas opciones sobre acciones de 2008 que solo podían hacerse efectivas en 2011.
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Con su fianza, el juez Andreu fue más allá de la petición del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón y de la acusación particular que ejerce el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tuvo que inyectar 22.424 millones de euros de origen público para evitar la quiebra de la caja madrileña. El representante del ministerio público había solicitado una fianza civil de 15 millones para Blesa y 245.000 para Rato y el abogado del Estado que representa al FROB, se adhirió a esta solicitud.
La decisión del juez llegó después de un interrogatorio a los expresidentes, en el que intentaron defender que las tarjetas fantasma —cuya existencia no consta ni en los contratos laborales de los consejeros y directivos ni en los estatutos de la caja— eran un complemento salarial. Los imputados no pudieron explicar por qué nunca declararon este dinero a Hacienda.
El juez y el fiscal nunca han creído que este dinero se destinara a gastos de representación de la entidad crediticia. Y los imputados no se molestaron en hacerles cambiar de opinión. No obstante, sus versiones difieren en aspectos esenciales. Según Blesa y Sánchez Barcoj, el dinero de plástico era un complemento retributivo “flexible” o “de libre disposición” que se sumaba a su salario oficial. Para Rato, en cambio, se trataba de un pago que formaba parte de su salario anual y que se descontaba de este.
Los tres exdirectivos dijeron que entendían que los
supervisores y los diferentes órganos de la entidad conocían estos
pagos
El primero en declarar fue Sánchez Barcoj, que describió a Blesa como un presidente con un poder absoluto. “Con seguridad, quién tiene tarjeta y cuánto va en la tarjeta, era decisión de Blesa”, afirmó. También comentó que él no fue el responsable de la organización de las tarjetas, ya que venía de atrás, de 1988, cuando el presidente era Jaime Terceiro.
Barcoj aseguró que “las comunicaciones” sobre el otorgamiento de nuevas tarjetas las hacía el presidente, y que eran sus secretarias las que se encargaban de tramitarlas. Según el ex director general y principal usuario del medio de pago opaco —575.000 euros— “nadie declaraba ese dinero a Hacienda porque se suponía que ya lo hacía la caja”. El ejecutivo se desvinculó de la idea de las tarjetas black: “Desde luego que yo no he ideado ni las tarjetas ni nada ¿Cómo voy a decidir quién de los consejeros tenía tarjeta?”, le dijo al fiscal Luzón.
Blesa, que estuvo 55 minutos declarando, coincidió en que el uso de tarjetas opacas de los consejeros era una costumbre en la entidad, y para reforzar esta tesis trajo a colación actas del consejo de Caja Madrid que se remontan al año 1988. Con estos documentos trataba de demostrar que las tarjetas opacas eran una “práctica consuetudinaria” desde los años ochenta del siglo pasado. “No pregunto por los fundamentos jurídicos de estas tarjetas. Simplemente, era costumbre”, señaló. Las manifestaciones de Blesa, inspector de Hacienda en excedencia, que sostuvo que “se pagaban retribuciones con una tarjeta para gastar” y que “nadie” le dijo que hubiera que declarar estas cantidades, causaron el enfado del fiscal.
Blesa, que estuvo 55 minutos declarando, coincidió en que
el uso de tarjetas opacas de los consejeros era una costumbre en la
entidad
La gran sorpresa de la declaración de Rato fue, no obstante, la pregunta que le formuló el fiscal sobre un pago de seis millones que le realizó la banca Lazard, la entidad que lideró y cobró grandes comisiones por la salida a bolsa de Bankia en julio de 2012. Rato fichó por este banco tras abandonar el FMI. El ejecutivo señaló que el dinero corresponde a unas opciones sobre acciones de 2008 que solo podían hacerse efectivas en 2011.