Senado de EE.UU. rechaza ley contra espionaje doméstico de NSA
Washington, 23 may (PL) El Senado
estadounidense rechazó hoy una ley dirigida a poner coto a las masivas
recogidas de datos telefónicos de millones de ciudadanos por parte de la
controversial Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
Con 42 votos a favor y 57 en contra la
Cámara alta bloqueó la propuesta legislativa conocida como Ley de la
Libertad de Estados Unidos (USA Freedom Act), que buscaba modificar la
Ley Patriota, aprobada tras los atentados terroristas del 11 de
septiembre, informó el diario digital The Hill.
La medida hubiese cambiado la Sección 215
de dicha legislación, la cual avala la recogida de datos telefónicos de
millones de ciudadanos sin vínculos con el terrorismo.
La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa por 338 votos a favor y 88 en contra.
Al final de este mes expiraba la polémica
Sección 215, que ampara una modalidad de espionaje revelada en 2013 por
el extécnico de la NSA Edward Snowden.
Este hecho escandalizó a la opinión
pública norteamericana e internacional al saberse que Washington
husmeaba las comunicaciones de millones de personas, incluidos unos 35
jefes de Estado y de Gobierno, algunos de ellos considerados aliados.
La negativa del Senado, controlado por
los republicanos, supone un revés para la administración del presidente
Barack Obama y legisladores demócratas que respaldan el cese de la
controvertida práctica de inteligencia de la NSA,
El vocero de la Casa Blanca, Josh
Earnest, exteriorizó la frustración del gobierno al reconocer que no
existe un plan B para acabar con el espionaje doméstico.
Estas son autorizaciones sobre las cuales
el Congreso debe legislar que son de suma importancia para asegurar la
protección básica del pueblo estadounidense, y que sus libertades
civiles básicas estén protegidas, agregó.
Hace un par de semanas la Corte de
Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, declaró ilegal el
programa de espionaje telefónico de la NSA.
El juez Gerard E. Lynch -en nombre de un
panel de tres magistrados- sostuvo que ese programa “excede el alcance
de lo autorizado por el Congreso” y que la ley “no puede interpretarse
de una manera que desafía todo límite razonable”.
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