El miedo no es invento
Por Luis Bruschtein
Imagen: Télam.
En otro plano simultáneo, el oficialismo tuvo dificultades para mantener las alianzas con el massismo y con fugitivos del FPV por las que logró el control del Congreso. El brutal tarifazo impactó, inclusive, en su propia alianza con los radicales. De todos modos pudo impedir que la oposición lograra los dos tercios de los votos, con lo cual salvó el tarifazo y salvó la relación con sus opositores amigos que de esa manera pudieron votar sin herir al oficialismo. La libertad de acción que logró el macrismo para aplicar las medidas más salvajes del ajuste en estos siete meses es en gran medida responsabilidad de los opositores amigos del gobierno. Seguramente dentro de unos años, el peronismo discutirá si era más aconsejable garantizarle gobernabilidad al gobierno conservador y desguarnecer el campo popular de oposición; o al revés: fortalecer el espacio progresista popular para frenar el saqueo al bolsillo de los trabajadores.
Si el macrismo hubiera actuado como derecha moderada, la discusión sería otra y más defendible el opoficialismo. Pero en estos siete meses se perdieron 800 mil puestos de trabajo formales e informales, el salario de los trabajadores perdió el doce por ciento, hay miles de suspensiones en distintas ramas de la industria por la apertura de las importaciones, la salud pública está en punto muerto, la deuda pública se multiplicó como nunca en la historia y la producción industrial y el consumo están en caída libre. Este gobierno avanzó como una derecha dura.
Este tsunami para los sectores populares, cuya reacción ha sido todavía moderada, es responsabilidad del PRO-Cambiemos, pero también de sus aliados en la oposición, el massismo sobre todo, que arregló con el gobierno y arrastró después a gobernadores del PJ y dirigentes sindicales. Le abrieron el camino a una aplanadora que atropelló a los sectores populares a los que dejaron desprotegidos. No hay ningún argumento para explicar la forma en que le soltaron la mano. Fue un error que los muestra como corresponsables de la tragedia y tendrá un costo político.
En la calle hay temor por la situación económica. La mayoría tiene un conocido o un miembro de la familia que perdió su trabajo, muchos no saben cuánto resistirá su propio empleo y todos sienten que la plata no alcanza. El futuro no se ve amigable sobre todo en el conurbano. Los medios oficialistas dicen que el kirchnerismo lanzó una “campaña de miedo”. Pero es al revés: la inmensa mayoría de los medios está tratando de ocultar esta crisis fulminante. El oficialismo tiene los grandes medios a su favor, incluyendo a los públicos. Es como comparar una honda con un cañón. Es estúpido achacar todo a una “campaña de miedo” del kirchnerismo. Por un lado se regocijan porque dicen que se redujo a una secta y por el otro lo culpan por el mal humor social.
La protesta ha sido liviana. Todavía hay una luz de esperanza y un resto en la economía. Pero las medidas tienen un efecto cascada. Cerrar es la última opción de un comerciante o un pequeño o mediano industrial. Primero trata de reducir costos, se endeuda, suspende compras, intenta achicar el costo salarial y bajar gastos en una espiral descendente hasta que al final cierra. Lo que se pierde no se recupera. El que queda fuera difícilmente vuelva al mercado de trabajo o lo haga al mismo nivel que perdió. Si la situación sigue así, en algún momento la reacción será desesperada. El temor ahora es que no haya retorno. Cuando se confirme que no lo hay, habrá desesperación y la reacción no será como ahora. Es lo que se percibe, no es una campaña de miedo.
Este escenario se pelotea con el otro. La campaña de los medios y un sector de la justicia mantiene a Cristina Kirchner en el candelero y el ataque la confirma en una imagen de competidora temible. A esta altura, las acusaciones empiezan a rebotar sobre el malestar que produce el ajuste. Atacar al movimiento de derechos humanos también suele ser contraproducente. Las Madres son parte del magma creacional de esta etapa de la democracia argentina así como los militares de la dictadura son su enemigo. Los treinta y tres años de democracia se han construido sobre esa dualidad. Son lugares axiomáticos. Quedó demostrado cuando Hebe se negó a concurrir al juzgado. La reunión de Cristina Kirchner con Hebe antes de la ronda en la Plaza, este jueves, suma un dato que se fija en ese imaginario ciudadano.
Las medidas económicas aparecen como una agresión a los sectores populares. Los medios también muestran una ofensiva judicial contra Cristina Kirchner y contra los movimientos sociales y de derechos humanos. Aunque diferenciados, cualquier mapa informativo, incluso los más manipulados, mostrará a ese conjunto de un lado y al gobierno del otro, junto con los medios oficialistas y la corporación judicial, a los que se suma la conducción de la colectividad judía de la mano de un juez y un fiscal del menemismo que fueron acusados de interferir o planchar la investigación del atentado a la AMIA.
La denuncia por encubrimiento fue realizada años atrás por las distintas agrupaciones de familiares de víctimas del atentado. La actitud de la conducción de la DAIA y la AMIA, enfrentada a estos familiares y alineada con Claudio Bonadío y Germán Moldes en la persecución a Cristina Kirchner, evidencia el uso político que se le ha dado desde el principio al atentado contra la AMIA. La actuación de los dirigentes comunitarios deja ver que su prioridad no es proveer justicia a las víctimas y sus familiares. No se trata, para ellos, de aclarar el atentado, sino que éste funcione como peón de la geopolítica internacional y como arma para atacar a Cristina Kirchner, cuya gestión fue un obstáculo para ese fin. Además de su penosa alianza con estos funcionarios menemistas relacionados con el encubrimiento del atentado, el espacio político de esta conducción comunitaria tiene varios funcionarios y legisladores en el gobierno de Macri, como el rabino Sergio Bergman y el diputado Waldo Wolff.
Si algo faltaba para evidenciar estas intenciones, mientras la dirigencia comunitaria insistía con la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, esta semana, después de 22 años, se identificó el cuerpo de Augusto Jesús, de 21 años, que en el momento del atentado asistía a un taller que se daba en la AMIA. Después de tantos años sin producir ninguna prueba ni avanzar en cuestiones concretas, esta identificación nada compleja que realizaron los fiscales que asumieron recientemente la investigación, confirma la ineficiencia de Nisman y el desinterés de esa dirigencia por el esclarecimiento del atentado. La idea de un juicio en ausencia de todos los acusados ratifica esa estrategia que se desentiende de la aclaración de los hechos y busca el cierre de la investigación con una sentencia puramente política. No por casualidad, esa condena sin esclarecimiento coincide con el interés de los lobbies internacionales de la derecha israelí y la derecha norteamericana.
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