El FMI insiste en la confiscación de ahorro privado para reducir la deuda pública
Un nuevo documento del
Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a poner a sobre el tapete la
posibilidad de aplicar quitas soberanas y expropiar parte de los
ahorros de las familias para reducir el ingente volumen de deuda que
acumulan los gobiernos de los países desarrollados.
En su último informe sobre Vigilancia Fiscal(Fiscal Monitor),
publicado el pasado octubre, dicha entidad advertía de la posibilidad
de confiscar hasta el 10% del patrimonio que acumulan los hogares para
reducir la deuda pública a niveles de 2007, antes de de que estallara la
actual crisis financiera.
Ahora, son los destacados economistas
Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff -ex economista jefe del FMI-
quienes insisten en un reciente estudio publicado por el Fondo que, muy
posiblemente, numerosos estados se verán obligados, de una u otra forma,
a aplicar distintas fórmulas para reducir su elevado endeudamiento
público, desde la reestructuración (quitas y/o espera) y reconversión de
deuda, hasta elevada inflación, represión financiera (impuestos, tasas
de interés negativas,etc.) o bien una combinación de varias de estas
medidas, reporta elespiadigital.
La conclusión del informe es clara: la
historia demuestra que los gobiernos suelen optar por este tipo de
salidas en caso de elevado endeudamiento público, y la situación actual
no será muy distinta.
De este modo, Reinhart y Rogoff prevén la quiebra parcial (default)
de diversos países, refiriéndose en particular a la periferia del euro,
y la reducción de deuda pública mediante la transferencia de recursos
desde los ahorradores privados hacia el Estado.
Según ambos economistas, la combinación
de crecimiento y austeridad para reducir el endeudamiento soberano es
necesaria, pero será insuficiente para resultar eficaz por dos razones:
por un lado, el PIB de los países ricos registrará un tímido avance en
los próximos años debido, precisamente, a la elevada deuda pública; y,
por otro, las medidas de austeridad son difíciles de aplicar porque
suelen ser muy impopulares.
¿Conclusión? Los inversores en deuda pública y los ahorradores pagarán la factura de los gobiernos.
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