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jueves, 5 de enero de 2017

España: La razón me dice, que esto no puede continuar, pero sigue...

Algunos allegados y familiares me solían reclamar que no suelo extenderme en mis artículos, que no suelo poner las fuentes de información en las que baso mis opiniones, y detalles de ese tipo etc. etc. Ahora ya no lo hacen, los cansé con algunas frases...¡pues búscala tu!...¿o lo quieres todo masticado y digerido?, pues no, quien no se preocupa es por falta de interés. Además, mis opiniones no se fabricaron en un día, ni con un par o dos de fuentes, supuestamente clarificadoras. No, mis opiniones están basadas en un montón de años vividos y en diferentes circunstancias y países, con soportes de lectura de todo tipo que me ayudan a razonar y crear opiniones propias, otra cosa es que gusten o disgusten, pero ese no es mi problema. Cualquier persona que haya vivido un poco y se tome en serio eso de aprender, revisar y analizar sus vivencias y el entorno, puede tener una opinión propia.
Cuando digo, por ejemplo, que España es un país atrasado en el aspecto social, es porque leo y observo la realidad que se intenta ocultar, pero no me conformo solo con eso, además, converso con la gente, esa que nunca puede opinar con tiempo y calma, en los medios de comunicación. Escuchando a la gente sin voz se entiende mucho la realidad actual...
"En aquellos años pasamos mucha hambre, hoy comemos todos los días y eso es gloria bendita", me comentó don Zoilo. Para este anciano, conformista (y con razón), hoy vivimos tiempos de "gloria bendita".
Escucho en la radio... "en 1813 se abolió la inquisición, después de 335 años de vigencia y férreos controles sociales"....¡Solo 103 años atrás!, y para colmo de males desde ese día hasta hoy, en medio, una dictadura de las más crueles y que duró cuarenta años porque al fulano se le antojó morirse, que si se le ocurría vivir más... No es difícil deducir que millones de ciudadanos de dos generaciones no hayan sabido, ni saben, distinguir una verdadera democracia de una Monarquía Parlamentaria, con un parlamento bipartidista dejado en herencia por el caudillo e imponiendo un rey, a su mejor estilo caudillista que por la gracia de Dios, ordenó...¡Ahí les dejo a Juan Carlos I... porque me sale de mis generalisimos cojones! (esto seguro que no le dijo, pero lo dio a entender).
Leo desde hace cinco años en diferentes medios que son muchos los abuelos que con sus pensiones mantienen a hijos que están en el paro, o que si trabajan, perciben sueldos miserables que no permiten llegar a fin de mes, y el gobierno les aumenta sus pensiones un 0,25 % al año, un año más para llegar a un quinquenio de privaciones. Un aumento de pensiones que mas bien parece una burla a la dignidad de personas que dieron muchos años de su vida laboral, por este país.
"En aquellos años pasamos mucha hambre, hoy comemos todos los días y eso es gloria bendita", eso pasó de padres a hijos, y estos, también, se conforman, lo que nos recuerda que el conformismo lleva a la decadencia.
Podría comentarles como los diarios engañan a la población con noticias que asustan, que un ciudadano paga caro por quemar la foto de un rey, que cada vez se ven más voluntarios en los grandes supermercados pidiendo comida para los bancos de alimentos, que es fácil encontrar cifras que desmienten eso de que ahora vivimos muy bien y no como antes "que vivíamos por encima de nuestras posibilidades". Pero, lo dejo aquí, creo que no debo despreciar su inteligencia y con esto ya  le alcanza para hacerse una idea... ¿verdad que si?.

José Trillo Aran.

martes, 9 de septiembre de 2014

Uno del PSOE defendiendo una cruz del franquismo.

¡Como si no hubiera cruces en Galicia!...

Vigo peleará en los juzgados para no tirar la cruz franquista de O Castro

Grupos por la memoria tildan el símbolo de “espada en el corazón de la ciudad”

 

La cruz franquista de O Castro, en Vigo. / LALO R. VILLAR
De la eliminación de símbolos franquistas que realizó el Ayuntamiento de Vigo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica quedó excluida la gran cruz que preside la falda del monte de O Castro, inaugurada por Franco en 1961 como homenaje a “los caídos”. El Ayuntamiento atribuyó la decisión a una supresión de los elementos franquistas de ese monumento realizada hace más de 30 años, y es a esa misma ausencia de símbolos relacionados con la dictadura a la que ahora se aferra para recurrir la reciente sentencia que ordena la retirada “de forma inmediata” de la cruz.
El alcalde, Abel Caballero, anunció ayer la presentación del recurso, dos días después de que se conociera el fallo del juzgado contencioso administrativo número 2 de Vigo que estima la reclamación presentada por la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36. “No hay ni un solo símbolo franquista en la ciudad”, sentenció Caballero, que aseguró que el Ayuntamiento “acata la sentencia” pero seguirá "la norma" de continuar el proceso judicial en instancias superiores. “Esta no es una excepción: de acuerdo con el dictamen de la asesoría jurídica, vamos a seguir el proceso con toda normalidad. Es como se hace siempre y ganamos en un 95% de los casos”, subrayó.
La Asociación pola Memoria Histórica reaccionó con indignación. “Que tomen conciencia de que en Vigo hay un alcalde, bajo las siglas del PSOE, que tiene una actitud fuera de lo razonable”, advirtió su presidente, Telmo Comesaña, a los dirigentes de ese partido. Comesaña subrayó que el colectivo que preside no está formado por “talibanes” que pretendan destruir un símbolo religioso. “No vamos en contra de ninguna religión, no queremos que se saque una cruz. Lo del Castro es una espada en el corazón de Vigo”, argumentó, ya que lo que simboliza es “ofensivo para las víctimas del franquismo y sus familias”.
En la vista oral en la que se trató la demanda, la asociación, que logró reunir 4.000 firmas de apoyo, presentó un informe pericial del historiador y profesor universitario José Ramón Rodríguez Lago que considera que la cruz, erigida en un terreno municipal que previamente perteneció al Ejército, tiene “un marcado carácter falangista”. “No solo era un elemento de exaltación al franquismo, sino también al nazismo: en homenaje a eso la inauguró Franco”, sostiene Comesaña.
En 1982, siendo alcalde el también socialista Manoel Soto, el Ayuntamiento procedió a retirar toda los elementos simbólicos que formaban parte del monumento, que pasó a rendir homenaje a los caídos de ambos bandos. Esa fue la razón por la que el Ayuntamiento la excluyó del catálogo de símbolos que fueron eliminados a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, que convirtió a Vigo en una de las primeras ciudades de España en prescindir de placas y nombres de calles de carácter franquista.
A esa circunstancia volvió ayer Caballero para justificar su postura. “En esta ciudad no hay ni un solo símbolo franquista”, sostuvo, para recordar luego la promoción de actos de homenaje a alcaldes represaliados o los nombres de calles y plazas dedicados a víctimas de la represión de Franco. Pero las explicaciones de Caballero han provocado un profundo malestar en la Asociación pola Memoria Histórica y en sus antiguos socios del BNG, que ya en 2013 fracasaron en su petición ante el pleno de demolerla en cumplimiento de la ley.
El Bloque se apresuró ayer en solicitar que no se recurra la sentencia y se ejecute la demolición “inmediata” de la cruz. “Abel Caballero no cumple la Ley de Memoria Histórica”, acusó la portavoz nacionalista, Iolanda Veloso, que recordó que se trata de una ley impulsada por un Gobierno socialista. El grupo popular reclamó un informe jurídico para conocer la situación del monumento y consideró que no es un asunto “prioritario”. “Hay una confusión jurídica que se debe aclarar”, afirmó su portavoz, Chema Figueroa.
En su sentencia, el juzgado tuvo en cuenta la prueba aportada por la organización demandante sobre la “subsistencia de elementos de enfrentamiento, ofensa o agravio en la carga simbólica asociada a la cruz”, debido a su significación y finalidad de “exaltación antidemocrática”.

martes, 22 de julio de 2014

Mejor es ser agresor sexual... que huelguista.

 

El Código Penal castiga con mayor dureza a un huelguista que a un agresor sexual

Un informe jurídico de la Fundación 1º de Mayo señala que la razón por la que el Código Penal hace de peor condición a los trabajadores huelguistas que a otros penados por delitos socialmente más reprobables se debe a un delito tipificado heredero del Código Penal franquista cuyo redactado se mantiene casi intacto.
| 22 Julio 2014 - 11:34 h.



En España no hay segunda oportunidad para los huelguistas y sí para otros penados por delitos socialmente más reprobables
¿Por qué el Código Penal (CP) hace de peor condición a los trabajadores huelguistas que a otros penados por delitos socialmente más reprobables? Según el magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Carlos Hugo Preciado Domènech, esto se debe a un delito tipificado heredero del Código Penal franquista (art. 496. 2 y 3) cuyo redactado se mantiene casi intacto.
En el informe jurídico, 'Represión penal y derecho de huelga. La vuelta a la España del siglo XIX', elaborado por Fundación 1º de Mayo, Preciado Domènech, a su vez profesor asociado de Derecho Penal de URV, recuerda que el artículo 315.3 del CP impone penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses "a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". El límite mínimo de la pena de prisión de 3 años que contiene la norma impide acceder al penado al beneficio de la suspension de la pena (art. 80.1 CP), lo que se conoce como segunda oportunidad, por lo que la condena impone su ingreso en prisión aunque sea el primer delito que comete en toda su vida.

De esta forma, en España, no hay segunda oportunidad para los huelguistas y sí para otros penados por delitos socialmente más reprobables como el homicida imprudente, el agresor sexual, el que comete abusos sexuales con menores, al reo con fuerza en casa habitada o al reo de robo con violencia o intimidación, que pueden librarse de la cárcel al imponérseles penas que no superan los 2 años de prisión.
En la actualidad, según un informe de CCOO recogido en nuevatribuna.es, 260 sindicalistas están siendo objeto de procedimientos sancionadores administrativos y penales, imponiendo penas de prisión a personas que carecían de antecedents penales, lo que resulta, a juicio del magistrado autor del informe, “claramente desproporcionado”.
“No tiene sentido y es un despropósito constitucional que esa figura delictiva se mantenga en el Código Penal de 1995, reprimiendo conductas que, a diferencia del Código franquista, se desarrollan ahora en el contexto del ejercicio de un derecho fundamental, como la huelga”, señala.
Preciado Domènech denuncia que la última reforma laboral del Gobierno ha supuesto un enorme retroceso en materia de libertad sindical y negociación colectiva favoreciendo el ‘dumping social’. Según datos del propio Ministerio de Empleo, mientras que en 2012 se inaplicaron 748 convenios colectivos, en 2013 la cifra asciende a 2.512. En este contexto, “es lógico” el aumento de los conflictos laborales y las huelgas: “A menos negociación, más conflicto”, señala el experto. Mientras que en 2011 se contabilizaron 485.054 jornadas de huelga, en 2012 fueron 1.290.114, también según datos del Gobierno.
Otra muestra de desproporción, sigue Preciado Domènech, es que “no existe razón alguna para que se castigue más gravemente el ejercicio abusivo del derecho de huelga que las coacciones que tengan por finalidad impedir el ejercicio de un derecho fundamental”.
Por todo ello, el magistrado aboga por hacer desaparecer el delito de coacciones a la huelga recogido en el artículo 315.3 de CP. Además, a su juicio, desde el prisma interpretativo del delito debería interpretarse “de forma ultra restrictiva” teniendo en cuanta la doctrina constitucional existente. Asimismo, pide que se indulte a los trabajadores y sindicalistas que ya han sido condenados por su participación en huelgas.