Gravedad de labriegos huelguistas obligó a ceder a tribunal paraguayo
Asunción, 13 abr (PL) La amenaza de un desenlace fatal obligó hoy a un tribunal paraguayo a acceder a la demanda de prisión domiciliaria para cinco campesinos encarcelados desde 2012, quienes cumplieron casi dos meses en huelga de hambre.
Fue decisiva una movilización nacional e internacional de defensores de los derechos humanos y de personalidades paraguayas y extranjeras y la firme posición de los labriegos prisioneros desde el sangriento desalojo de Curuguaty, que culminó con la muerte de 11 rurales y seis policías.
A pesar del fallo negativo en el caso por parte del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá, a más de 400 kilómetros de esta capital, un informe de última hora de médicos forenses y el evidente temor del Gobierno ante el peligro de muerte existente, se modificó esa determinación judicial.Un informe de Alejandro Fretes, médico forense de la Corte Suprema de Justicia, concluyó que los pacientes examinados “se encuentran descompensados y con un alto riesgo de complicación clínica de consecuencias impredecibles”.
Ello obligó al juez penal Benito González a firmar la orden de traslado de los procesados Rubén Villalba, Néstor y Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Felipe Benítez, quienes serán custodiados en sus residencias durante las 24 horas del día.
González, en su fallo, aceptó la necesidad de cumplir con la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, algo hasta ahora negado por el fiscal de la causa, Jalil Rachid, a quien se acusa de vinculación con los latifundistas de la zona de Curuguaty, escenario del desalojo.
Rachid había mantenido la negativa al traslado aún después que investigaciones independientes señalaron a tiradores ajenos a los campesinos como responsables del inicio del tiroteo durante el desalojo usando armas automáticas y descargo toda culpabilidad sobre los labriegos.
El asentamiento de las familias rurales sin tierra se había realizado en terrenos en disputa entre el Estado paraguayo y el terrateniente Eladio Riquelme, político del gobernante Partido Colorado, ya fallecido.
Un juicio final a los imputados, varias veces suspendido, se encuentra señalado ahora para el próximo mes de junio y familiares y organizaciones sociales señalaron que continuarán las movilizaciones para lograr su liberación por carecer la fiscalía de pruebas de su culpabilidad.
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