Si espera justicia...tome asiento y espere...
El penoso estado de la justicia en imágenes
Los juristas y los ciudadanos denuncian en las redes sociales las dilaciones debidas a los recortes y el mal estado de los juzgados y tribunales de España.
(Un baño con muchos expedientes tiene su lado positivo, pueden atender los casos mientras hacen sus necesidades...o salvar la desagradable situación de que no haya papel higiénico.)
Este vater-archivo se localiza en los juzgados de Torrent, en la Comunidad Valenciana.
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Podría ser un tremending topic, pero no es una situación ficticia y ocurre en los juzgados y tribunales de España.
La falta de recursos humanos y de medios materiales es denunciada por las asociaciones de jueces, fiscales, abogados... Y en las redes sociales, donde los ciudadanos y los juristas denuncian con imágenes situaciones que rozarían la hilaridad de no afectar a los derechos de las personas, como es el derecho a la tutela judicial en un tiempo razonable.
Varias asociaciones denuncian que la Justicia funciona mal, porque no se quiere que tenga los mismo medios de los que dispone, por ejemplo, la Administración Tributaria.
Hay señalamientos de juicios laborales para 2017, cuando hasta hace poco el tiempo medio de resolución de un asunto en la jurisdicción social era de poco más de cuatro meses; archivos de documentos en lugares insospechados, humedades, edificios que no superarían una inspección laboral y hasta alguna recogida de dinero entre los jueces, funcionarios y profesionales jurídicos para afrontar un recurso que la autonomía dilata en el tiempo su aportación.
En ocasiones, los jueces reflejan en sus resoluciones este estado, para explicar la razón de la dilación a la hora de dictarlo. Como el reciente caso de un juzgado de Canarias, que lleva dos años esperando un escáner para escanear 80.000 documentos incautados en un caso de corrupción política.
Más de nueve millones de asuntos entran cada año en los juzgados y tribunales. Y poca gente sabe que en un juzgado confluyen tres administraciones: el Gobierno central, que pone los secretarios judiciales; los gobiernos autonómicos, que aportan los funcionarios y los recursos materiales, y el Consejo General del Poder Judicial, que nombra a los jueces, los disciplina e inspecciona los juzgados.
Pasen y vean.
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