Mariano Rajoy recibe en Moncloa a la cúpula de la Conferencia Episcopal. CONFERENCIA EPISCOPAL
Puedes comprar el dossier sobre Iglesia y poder de #LaMarea59 en kioscos y en nuestra tienda online. Puedes suscribirte aquí.
“Celebramos esta
Santa Eucaristía con el deseo de agradecer a Dios los cincuenta años del
servicio prestado desde la Clínica Universidad de Navarra a toda la
sociedad, y para implorar la bendición divina sobre los que allí
trabajan y sobre quienes allí buscan recuperar la salud”. Son palabras
del ya fallecido obispo, prelado del Opus Dei y gran canciller de la
Universidad de Navarra, Javier Echevarría, durante su homilía en una
misa por el aniversario de este hospital. En ella recordó la figura de
Josemaría Escrivá de Balaguer como principal impulsor de la creación de
la clínica: “Veía en ellos [los enfermos] la figura amable y doliente de
Cristo, cargado con nuestros pesares y sufrimientos, y sentía ansias de
aliviar a Cristo, a quien veía en los enfermos”. A la eucaristía
asistieron, entre otros cargos públicos, la delegada del Gobierno, el
alcalde de Pamplona y el consejero navarro de Educación, según recoge la web del centro hospitalario. Eso fue en 2012.
Este mes de enero, en el acto de inauguración en Madrid
de una nueva sede de la clínica, participaron la presidenta del
Congreso, Ana Pastor; la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes; el secretario general de Sanidad, José Javier
Castrodeza; y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue
Barkos, entre otras autoridades. También asistieron gestores de
numerosas aseguradoras de salud, farmacéuticas, firmas biotecnológicas,
empresas e industrias del sector. La nueva sede conlleva, además, la
implantación en la capital de su propia compañía de seguros de salud:
Acunsa. “Con la llegada del nuevo hospital han desarrollado una gama
completa de productos de asistencia sanitaria y reembolso, con las
coberturas más completas en la clínica”, recoge la web de la Cadena Cope. El periodista de la emisora radiofónica Carlos Herrera hizo uno de sus programas en directo desde las nuevas instalaciones.
Opus Dei, administración pública, medios de comunicación y negocio. Todo junto.
Es un ejemplo cercano de cómo la Iglesia católica se introduce en los
principales centros de poder, paradójicamente, en un Estado
aconfesional, según la Constitución. Más allá de los crucifijos, de la
presencia de cargos públicos en actos religiosos, de la concesión de
medallas o el nombramiento de las vírgenes como alcaldesas, la jerarquía
católica maneja cualquier herramienta que tiene a mano para mover hilos
y hacer caja en un momento, además, en el que la secularización avanza y
desciende el número de contribuyentes
que marcan la X de la casilla de la renta –aunque no el ingreso total,
que aumentó un 2,83 %, hasta los 256 millones–. Ese poder, sustentado en
un instrumento que no tienen las demás confesiones –el Concordato con la Santa Sede–
se nota especialmente en la educación –la Religión siempre ha sido el
escollo en los pactos educativos– y en las exenciones fiscales, que
dejan en clara desventaja a las demás empresas.
La aportación pública a los colegios concertados en el curso 2014/2015 fue del 69,2% –un 4,9% menos en cinco años–, según la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada
publicada a finales del pasado año. El 65% de estos centros son
religiosos y acogen al 75% del alumnado que elige esta opción, calcula
Europa Laica. Un dato concreto: en el casco histórico de Sevilla, la
oferta asciende a 19 centros: de ellos, solo cinco son públicos.
“Gracias al control sobre dos decisiones clave –la confección de la
plantilla y la ubicación de los centros–, la educación concertada
católica ha logrado presentarse ante millones de familias como una
opción mejor, más segura y ordenada, más homogénea socialmente, y ha
logrado arrogarse un cierto aire de superioridad técnica. Casi un
puntito de élite, de certeza en tiempos de crisis de lo público”,
reflexiona el periodista de Infolibre Ángel Munárriz,
que investiga las finanzas de la Iglesia. Según la Conferencia
Episcopal, la actividad educativa católica en la escuela mejora la
salud, reduce las diferencias sociales y la criminalidad.
Mercedes Navarro, que fue expulsada como
profesora de Psicología Religiosa de una universidad católica y de la
docencia académica y eclesiástica, no considera justo generalizar: “Hay
algunos colegios concertados que, en efecto, imparten una educación que
en temas doctrinales y sociales es de pensamiento único, pero hay muchos
más, diría que la mayoría, que no educan en el pensamiento único. Dicho
esto, es verdad que sigue habiendo machismo y sexismo, pero tanto en
los católicos concertados como en los colegios en general. Y en los
centros de estudios superiores, y en las universidades, y en los centros
de investigación… Ojalá pudiera decir otra cosa. La tendencia y la
urgencia es la de establecer la igualdad y educar en ella, pero si esto
ya fuera así tendríamos una sociedad distinta. Claro que, como creyente,
a mí me duele más que los colegios concertados no sean pioneros en
paridad y en igualdad. Es lo que pide el Evangelio…”.
Relaciones históricas
Ahora el Constitucional también ha validado la financiación pública a los colegios que segregan por sexo establecida en la ley Wert.
“El poder de la Iglesia católica en España, sobre todo su gran
influencia y control en la enseñanza, se cimenta en el comienzo de la
contemporaneidad (mediados del siglo XIX) cuando tras décadas de
enfrentamiento con los defensores del régimen liberal se pacta un
acuerdo mediante el cual ‘se firma la paz’ (y un convenio con el
Vaticano): la Iglesia acepta la desamortización de sus bienes por parte
del Estado y a cambio este le entrega el control de la enseñanza y le
garantiza el fondo económico para culto y clero”, explica el catedrático
de Antropología Isidoro Moreno. “Los breves periodos
progresistas (el sexenio revolucionario de 1869 a 1873 y tres años de la
Segunda República) no duraron lo suficiente como para cambiar esta
situación, que se acentuó en la dictadura franquista hasta el punto de
que esta supone un nacionalcatolicismo. Y cuando este entra en crisis,
el nuevo Convenio con la Santa Sede, e incluso la propia Constitución
del 78, reconoce el papel especial, es decir los privilegios de la
Iglesia”, añade.
En el ámbito sanitario, la otra gran pata del sistema
público, las cadenas privadas incluso han planteado quejas porque
consideran que los hospitales de órdenes religiosas suponen una clara
competencia desleal –no pagan IBI, por ejemplo–. Estos centros fueron en
2015 los grandes beneficiarios del contrato para cubrir la asistencia
del seguro de salud de los funcionarios del Estado, el convenio de
Muface. “Tuve la suerte, el honor y privilegio de nacer en uno de estos
hospitales”, dijo en 2014, en el acto de presentación del grupo de
Hospitales Católicos de Madrid, el entonces consejero de Sanidad, Javier
Rodríguez, que en su día también dijo que había que rezar a la Virgen
de la Paloma para tener salud. En esa foto estaba, por supuesto, el cardenal arzobispo, entonces Antonio María Rouco Varela. Según la memoria de 2016 del Servicio Madrileño de Salud,
de las 11 Unidades de Cuidados Paliativos de Media Estancia –las que
atienden a pacientes con complejidad media o alta que no pueden
permanecer en su domicilio– la mayoría, seis, son concertadas. Y de
ellas, la mayoría, cinco, están gestionadas por hospitales religiosos,
que copan 160 camas frente a las 74 de la pública. Hasta la adjudicación
del nuevo concierto, valorado en más de 35 millones de euros,
la gestión del servicio público de hospitalización para cuidados
paliativos de la Comunidad de Madrid se ha resuelto mediante contratos
sin publicidad con estos centros privados religiosos.
“El púlpito, aun conservando su importancia, no es ya el
terminal más eficaz de difusión de ideas católicas en España. Hay ONG,
radios, televisiones, editoriales, partidos políticos que hacen mejor
esa tarea. La Iglesia está en las escuelas y los hospitales, en la
cárceles y en el ejército, en los comedores sociales y en los centros de
rehabilitación de drogodependientes. Y todo pagado en mayor o menor
medida con dinero público, por cierto”, afirma Munárriz. “Excelentemente
conectada con el poder político y económico, administra los símbolos de
la colectividad, ha impregnado de marchamo religioso los grandes
acontecimientos de la vida (nacimiento, muerte, matrimonio…), trabajan
en ella y para ella miles de personas devotas, apasionadas, entre ellas
no pocas cultas y minuciosas, enormemente profesionalizadas, que dedican
bastante más tiempo y entusiasmo a defenderla que sus adversarios a
socavarla. Con todo ello, ¿cómo diablos no iba a ser poderosa? Si no
fuera poderosa, no sería la Iglesia católica española”, prosigue.
No se explica de otra forma la decisión del Senado de
trasladarse hasta el Valle de los Caídos tras el plantón del prior por
el caso de la exhumación de restos reclamados por familiares. No se
explicaría que la Conferencia Episcopal, tras recibir un exhorto del
entonces juez Baltasar Garzón sobre los crímenes franquistas, le viniera
a decir a la Justicia: ahí tienes todas las parroquias, investiga tú.
Ni se explicaría que no pague IBI por sus propiedades, o que el golpista
Queipo de Llano siga enterrado en la Macarena o que los funerales de
Estado sigan siendo católicos, o que no se penalice el mirar para otro
lado en los escándalos de pederastia, o que los obispos no sean juzgados
por delitos de odio cuando emiten barbaridades, o que sí lo sean
quienes procesionan un coño insumiso o se cagan en Dios o hacen un
montaje con la cara de un cristo. Si la Iglesia no tuviera poder no se
explicaría, por tanto, que hoy en día aún siga existiendo el delito de
ofensa a los sentimientos religiosos.
“Los tribunales europeos cuestionan con dureza los
privilegios de la Iglesia que respaldan los juzgados españoles”,
sostiene el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez. Un ejemplo gráfico fue el del juez que tuvo que decidir sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía en 2008
a petición de una familia perteneciente al grupo de los kikos. Enrique
Gabaldón, ponente de la sentencia contra la asignatura en 2008, copió en
el fallo los argumentos de su padre, José Gabaldón, que fue
vicepresidente emérito del Constitucional y presidente del Foro de la
Familia, vinculado al Opus Dei.
“La Iglesia sigue teniendo poder y privilegios porque
todavía está vigente el Concordato y, por lo que he visto en las últimas
décadas, no ha habido ningún gobierno que lo haya derogado. Creo que es
una cuestión política y su solución debe ser política”, asegura la
teóloga Navarro –que subraya que se refiere a la jerarquía o a la
institución, no a la Iglesia como “comunidad de comunidades”–. “Nada
hizo el PSOE en sus años de gobierno e incluso de mayoría absoluta
parlamentaria para cambiar la situación; al contrario”, añade el
profesor Moreno.
La autofinanciación
El problema, según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra Alejandro Torres,
es que esa solución política, a estas alturas, cuando la Iglesia está
en todas partes, cuesta votos. “Nunca he sido ministro de Economía, pero
si me preguntaran cómo perder unas elecciones generales, diría:
denunciando los acuerdos. Mis alumnos no habían nacido en el 79. Han
pasado 39 años y nadie ha hecho nada. Nadie ha exigido el cumplimiento
de la autofinanciación. ¿Por qué hay que reservar un porcentaje del IRPF
a una confesión? ¿Por qué no va a pagar el IBI por sus inmuebles? ¿Qué
tienen que ver, por ejemplo, los huertos y jardines de la Iglesia con el
ejercicio de la libertad religiosa? Es complicado, pero es el coste de
la congruencia. Y la incongruencia es que la Iglesia católica dependa
del Estado, porque no hay ninguna confesión de carácter estatal –y en
castellano la palabra ‘ninguna’ es ninguna–”, argumenta Torres, que hace
el siguiente cálculo: los 250 millones que la Iglesia recibe vía IRPF
podrían ser recaudados a partir de los donativos de los fieles: si hay diez millones de católicos practicantes, cada uno tocaría a 25 euros al año.
Además, las donaciones conllevan deducciones en el IRPF. Es un
problema, por tanto, de mentalizar sobre a quién le corresponde la
recaudación. “Si a mí el cine me lo dan gratis, no me molesto en pagar
la entrada”, ejemplifica el catedrático.
Para Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Coordinadora
Estatal por la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia
Católica, la otra explicación fundamental del poder de la Iglesia en
los últimos tiempos está en las inmatriculaciones: “Es el elemento clave
que ha provocado el empoderamiento patrimonial. Tiene tanto dinero y
patrimonio que el Estado no se atreve a enfrentarse. Una concentración
de poder que no existía ni en la dictadura, y se debe a que la izquierda
ha sido muy medrosa”.
El obispo de Santander acaba de vetar un espectáculo de La Fura dels Baus
porque iba a representarse junto a un monasterio. “¿Quién es el obispo
de Santander para vetar un espectáculo público, pagado con dinero
público, en un espacio público? El dueño de la plaza convertida en
aparcamiento privado”, responde Rodríguez. No obstante, pese a esta
fuerte influencia, “¿podemos exagerar el poder de la Iglesia en un país
en el que los gays se casan ya casi sin escandalizar a nadie?”, se
pregunta Munárriz. “Su posición a lo largo de los siglos ha sido siempre
la misma: aliada del poder, preferentemente absolutista, para evitar
que cualquier aliento liberal o librepensador, no digamos colectivista,
atravesara las puertas de España, ‘la Nación de Dios’. Eso no se
desmonta de un día para otro. Pero desde luego, en términos de moral y
religión, cualquier nacionalcatólico quedaría aterrado al ver la España
de hoy. Eso sí, la Iglesia encarna el poder más longevo y explícito de
la Historia de España. Y a pesar de todo, ahí sigue, aferrada a los
resortes de poder que el Estado aún le permite manejar”, concluye.
No hay comentarios:
Publicar un comentario