Si la reforma de la ley para limitar la justicia internacional que quiere llevar a cabo el PP, sigue adelante, nos apuntaremos a impunidad.
Listado de los 15 principales casos:
Detalle de la fachada del Tribunal Supremo.EFE
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Este martes el Pleno del Congreso de los Diputados debate la proposición de ley del PP con la que el Gobierno de Mariano Rajoy acelerará los trámites para limitar la jurisdicción universal regulada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Toda la oposición se ha mostrado en contra de introducir nuevos requisitos a los que ya se impusieron en 2009 y que se pretenden aplicar a las causas actualmente en trámite en la Audiencia Nacional.
Diferentes organizaciones también han criticado que con la reforma se limita a los tribunales españoles para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional como genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, desaparición forzada y tortura. No sólo eso, España puede empezar a "contravenir las normas del derecho internacional que determinan que algunos crímenes son tan atroces que los Estados tienen la obligación de investigarlos y enjuiciarlos", según denunció Amnistía Internacional.
Y lo más grave, la reforma del PP abre la puerta a archivar diferentes causas abiertas en los juzgados centrales de Instrucción. Desde delitos de genocidio en Guatemala o el Tíbet, pasando por crímenes de guerra en Gaza y torturas en Guantánamo, hasta el asesinato de José Couso podrían quedar impunes. Estos son los casos en trámite en los tribunales españoles bajo el auspicio de la jurisdicción universal, que, como recuerda Aministía, en su mayoría han sorteado la negativa inicial de la Fiscalía General gracias a la perseverancia y el apoyo de los familiares de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil:
- Caso Guatemala (1999): los cambios en la LOPJ pueden tumbar la investigación a los generales y mandatarios guatemaltecos Efraín Ríos Montt y Carlos Mejía Víctores por delitos de genocidio y torturas cometidos contra la población maya cometidos durante el conflicto armado en el que más de 250.000 víctimas perdieron la vida. En 1999, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú interpuso ante la Audiencia Nacional una querella y en 2005, en una sentencia histórica y que sirvió de precedente para otros casos, el Tribunal Constitucional reconoció el principio de jurisdicción universal y anuló la oposición de la Fiscalía.
El juez instructor, Baltasar Garzón, dictó órdenes de arresto contra el dictador Ríos Montt y otros imputados, pero la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictó sentencia años más tarde y denegó las extradiciones a España. El magistrado español insistió y continuó con la instrucción en 2008. El Gobierno español no ha hecho ningún movimiento para exigir a las autoridades guatemaltecas el cumplimiento del tratado de extradición. El caso se encuentra paralizado en Guatemala después de que el Constitucional anulara la condena de 80 años de cárcel contra Ríos Montt tras las presiones recibidas para impedir el juicio.
- Caso Couso (2003): otro de los casos que podrían ser archivados es el de la muerte del periodista José Couso, el cámara de Telecinco asesinado en Bagdad en 2003 por un ataque del Ejército de EEUU contra el hotel Palestina donde se encontraban concentrados los periodistas. La familia presentó una querella al amparo del IV Convenio de Ginebra sobre protección de civiles en tiempos de guerra.
El juez dictó orden de búsqueda y captura a Thomas Gibson, Philip Wolford, y Philip de Camp, los tres militares estadounidenses implicados, pero el Ministerio Fiscal no apoyó la competencia de la jurisdicción española. La Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional tampoco la reconoció y ordenó el archivo del caso en 2006, que fue revocado por el Tribunal Supremo ese mismo año. La Audiencia volvió a archivar el caso en 2009, cuya decisión está recurrida en el Supremo y se encuentra pendiente de resolución. La familia Couso aseguró que llegará hasta el Tribunal Constitucional o, si fuera necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en caso de que se apruebe la reforma propuesta por el Gobierno, que en todo momento ha intentado evitar que la causa afecte a las relaciones bilaterales entre España y EEUU.
- Caso Falun Gong (2003): en octubre 2003, quince víctimas interpusieron una querella criminal contra miembros del Partido Comunista Chino por las torturas, persecución y genocidio cometidos en China desde el año 1990 contra practicantes de la enseñanza religiosa Falun Gong. Existe un total de cuatro querellas acumuladas y admitidas a trámite en la Audiencia Nacional contra el ex presidente Jiang Zemin y otros tres miembros del partido. Hasta 2006 no se confirmó la competencia de los tribunales españoles. A pesar de que en 2007 se han recogido varios testimonios de víctimas, todavía no hay ninguna orden de arresto ni solicitud de extradición.
- Caso Tíbet (2005): la primera querella presentada por dos asociaciones tibetanas y un lama con nacionalidad española ha derivado en que la Audiencia Nacional haya emitido una orden de arresto esta misma semana contra el expresidente chino Jiang Zemin y otros cuatro exdirigentes por delitos de genocidio, torturas, terrorismo y delitos de lesa humanidad. Las presiones de las autoridades chinas son uno de los motivos, según denuncian diferentes asociaciones de defensa de derechos humanos, por los que el Ejecutivo español se dio tanta prisa en comunicar al Congreso su visto bueno para debatir la reforma de la LOPJ.
- Caso Ruanda (2005): en abril de 2005, la Audiencia Nacional recibió una querella, admitida a trámite, para investigar el asesinato de nueve ciudadanos españoles entre 1994 y 2000 en Ruanda. El juez decidió en 2008 procesar a 40 altos cargos del Frente Patriótico Ruandés (FPR) por la comisión de delitos de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y terrorismo por el genocidio que causó la muerte a cuatro millones de personas. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó en noviembre de 2008 una Proposición no de Ley instando al Gobierno a activar los mecanismos internacionales de busca y captura. El Ejecutivo no ha adoptado ninguna acción al respecto.
- Caso Sáhara (2006): en octubre de 2007, la Audiencia admitió a trámite una querella contra 13 responsables marroquíes del Sáhara Occidental por un delito de genocidio, en concurso con asesinatos, lesiones y torturas, contra ciudadanos saharauis entre 1976 y 1988. Tras preguntar a las autoridades judiciales del reino alauí si los hechos estaban siendo investigados, se han recogido declaraciones de varias de las víctimas. El procedimiento sigue en curso.
- Vuelos de la CIA (2006): el 12 de junio de 2006, el juez Moreno se declaró competente para investigar las posibles escalas en el aeropuerto de Palma de Mallorca de aviones de la CIA con presuntos terroristas detenidos.
- Caso Gaza (2008): tras las airadas protestas diplomáticas de Israel ante el aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, después de que la Audiencia Nacional abriera un proceso contra el ex ministro israelí Benjamin Ben-Eliezer por la matanza de 14 civiles en Gaza en 2002, llegaron las primeras restricciones a la jurisdicción universal. En este caso, la Fiscalía se opuso a la competencia de los tribunales españoles y se ordenó el archivo, que la Audiencia llevó a cabo en junio de 2009. La acusación aún se mantiene a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación presentado el 21 de septiembre de 2009.
- Caso campos de concentración nazis (2008): una representación de varios supervivientes y familiares de víctimas españolas en campos de concentración en Austria y Alemania presentó una querella en junio de 2008 contra cuatro ex miembros de la SS Totenkopf alemanas por delitos de lesa humanidad, incluidos asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura y otros actos inhumanos. La Fiscalía la apoyó al considerar que en los campos de Mauthaussen, Sachsenhausen y Flossenbürg) pasaron, al menos, 7.000 españoles republicanos que fueron sometidos "a programas de exterminio". La Audiencia admitió la querella. El juez dictó un auto de procesamiento en septiembre de 2009 contra tres exguardias nazis y ordenó su encarcelamiento provisional con una orden europea. Los encausados se encuentran en EEUU, donde entraron ilegalmente.
- Caso El Salvador (2008): Ignacio Ellacuría y otros cuatro españoles fueron asesinados en 1989 a manos de militares salvadoreños en los que se conoce como la Masacre de los Jesuítas. El juez de instrucción de la Audiencia admitió en enero de 2009 una querella presentada en noviembre del año anterior contra el presidente de El Salvador Alfredo Cristiani y otros 14 antiguos oficiales y soldados del ejército por crímenes de lesa humanidad y terrorismo. El magistrado reculó y sacó a Cristiani del proceso, que sigue en curso contra el resto de denunciados.
- Caso Atenco (2008): una ciudadana española denunció a varios agentes de policía mexicanos y autoridades por un delito de tortura en la modalidad de violencia sexual cometido durante la represión de las protestas de una organización campesina en San Salvador Atenco, México, a principios de mayo de 2006. La Fiscalía, como en tantos casos, se opuso a admitir la querella. Aún está pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo.
- Caso Guantánamo (2009): el 17 de marzo de 2009, la Audiencia Nacional recibió una querella contra el ex Fiscal General de EEUU, Alberto Gonzáles, y otros cinco asesores jurídicos de la Administración de George W. Bush por crear, justificar e implementar actos de tortura e hizo posible la existencia del limbo jurídico de Guantánamo.Antes de resolver su admisión a trámite, el Juzgado de Instrucción nº 6 cursó una comisión rogatoria a Washington para saber si los hechos denunciados estaban siendo ya investigados. La petición se realizó en mayo de 2009 y todavía no hay respuesta.
En paralelo, existe otra investigación abierta de oficio en el Juzgado nº 5 por la tortura y otros delitos denunciados por los españoles Hamed Abderraman Ahmed, Lahcen Ikassrien, Jamiel Abdulatif Al Banna y Omar Deghayes. Los cuatro permanecieron en Guantánamo varios años. No se ha plantado ninguna cuestión de competencia entre ambos juzgados, por lo que estas dos causas relacionadas con la base naval estadounidense siguen su curso.
- Caso Ashraf (2009): el juez Fernando Andreu mandó el 1 de diciembre de 2009 una comisión rogatoria a Irak para informarse si la justicia de ese país investigaba un ataque del Ejército iraquí el pasado julio al campo de refugiados iraníes de Ashraf, que costó la vida a 11 personas y otras 36 fueron secuestradas.
- Caso Flotilla de la Libertad (2010): dos cooperantes españoles presentaron el 23 de julio de 2010 una querella por crímenes de guerra y contra la humanidad contra las autoridades israelíes por el asalto armado que comandos de ese país habían lanzado en mayo del mismo año contra una flota de ayuda a Gaza, que se saldó con nueve muertos. El 30 de julio de 2010, el magistrado Pablo Ruz abrió diligencias previas a fin de determinar la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación.
- Caso Soria (2012): la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el 24 de mayo de 2012 al juez Pablo Ruz el procesamiento de siete exresponsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976 durante el régimen del dictador Augusto Pinochet. Una semana después, el 30 de octubre, el juez Pablo Ruz ordenó la búsqueda, detención e ingreso en prisión de todos ellos y cuya entrega a España fue rechazada por un juez de la Corte Suprema chilena el 26 de julio.
Información elaborada gracias a la recopilación realizada por Amnistía Internacional
Diferentes organizaciones también han criticado que con la reforma se limita a los tribunales españoles para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional como genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, desaparición forzada y tortura. No sólo eso, España puede empezar a "contravenir las normas del derecho internacional que determinan que algunos crímenes son tan atroces que los Estados tienen la obligación de investigarlos y enjuiciarlos", según denunció Amnistía Internacional.
Y lo más grave, la reforma del PP abre la puerta a archivar diferentes causas abiertas en los juzgados centrales de Instrucción. Desde delitos de genocidio en Guatemala o el Tíbet, pasando por crímenes de guerra en Gaza y torturas en Guantánamo, hasta el asesinato de José Couso podrían quedar impunes. Estos son los casos en trámite en los tribunales españoles bajo el auspicio de la jurisdicción universal, que, como recuerda Aministía, en su mayoría han sorteado la negativa inicial de la Fiscalía General gracias a la perseverancia y el apoyo de los familiares de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil:
- Caso Guatemala (1999): los cambios en la LOPJ pueden tumbar la investigación a los generales y mandatarios guatemaltecos Efraín Ríos Montt y Carlos Mejía Víctores por delitos de genocidio y torturas cometidos contra la población maya cometidos durante el conflicto armado en el que más de 250.000 víctimas perdieron la vida. En 1999, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú interpuso ante la Audiencia Nacional una querella y en 2005, en una sentencia histórica y que sirvió de precedente para otros casos, el Tribunal Constitucional reconoció el principio de jurisdicción universal y anuló la oposición de la Fiscalía.
El juez instructor, Baltasar Garzón, dictó órdenes de arresto contra el dictador Ríos Montt y otros imputados, pero la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictó sentencia años más tarde y denegó las extradiciones a España. El magistrado español insistió y continuó con la instrucción en 2008. El Gobierno español no ha hecho ningún movimiento para exigir a las autoridades guatemaltecas el cumplimiento del tratado de extradición. El caso se encuentra paralizado en Guatemala después de que el Constitucional anulara la condena de 80 años de cárcel contra Ríos Montt tras las presiones recibidas para impedir el juicio.
- Caso Couso (2003): otro de los casos que podrían ser archivados es el de la muerte del periodista José Couso, el cámara de Telecinco asesinado en Bagdad en 2003 por un ataque del Ejército de EEUU contra el hotel Palestina donde se encontraban concentrados los periodistas. La familia presentó una querella al amparo del IV Convenio de Ginebra sobre protección de civiles en tiempos de guerra.
El juez dictó orden de búsqueda y captura a Thomas Gibson, Philip Wolford, y Philip de Camp, los tres militares estadounidenses implicados, pero el Ministerio Fiscal no apoyó la competencia de la jurisdicción española. La Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional tampoco la reconoció y ordenó el archivo del caso en 2006, que fue revocado por el Tribunal Supremo ese mismo año. La Audiencia volvió a archivar el caso en 2009, cuya decisión está recurrida en el Supremo y se encuentra pendiente de resolución. La familia Couso aseguró que llegará hasta el Tribunal Constitucional o, si fuera necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en caso de que se apruebe la reforma propuesta por el Gobierno, que en todo momento ha intentado evitar que la causa afecte a las relaciones bilaterales entre España y EEUU.
- Caso Falun Gong (2003): en octubre 2003, quince víctimas interpusieron una querella criminal contra miembros del Partido Comunista Chino por las torturas, persecución y genocidio cometidos en China desde el año 1990 contra practicantes de la enseñanza religiosa Falun Gong. Existe un total de cuatro querellas acumuladas y admitidas a trámite en la Audiencia Nacional contra el ex presidente Jiang Zemin y otros tres miembros del partido. Hasta 2006 no se confirmó la competencia de los tribunales españoles. A pesar de que en 2007 se han recogido varios testimonios de víctimas, todavía no hay ninguna orden de arresto ni solicitud de extradición.
- Caso Tíbet (2005): la primera querella presentada por dos asociaciones tibetanas y un lama con nacionalidad española ha derivado en que la Audiencia Nacional haya emitido una orden de arresto esta misma semana contra el expresidente chino Jiang Zemin y otros cuatro exdirigentes por delitos de genocidio, torturas, terrorismo y delitos de lesa humanidad. Las presiones de las autoridades chinas son uno de los motivos, según denuncian diferentes asociaciones de defensa de derechos humanos, por los que el Ejecutivo español se dio tanta prisa en comunicar al Congreso su visto bueno para debatir la reforma de la LOPJ.
- Caso Ruanda (2005): en abril de 2005, la Audiencia Nacional recibió una querella, admitida a trámite, para investigar el asesinato de nueve ciudadanos españoles entre 1994 y 2000 en Ruanda. El juez decidió en 2008 procesar a 40 altos cargos del Frente Patriótico Ruandés (FPR) por la comisión de delitos de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y terrorismo por el genocidio que causó la muerte a cuatro millones de personas. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó en noviembre de 2008 una Proposición no de Ley instando al Gobierno a activar los mecanismos internacionales de busca y captura. El Ejecutivo no ha adoptado ninguna acción al respecto.
- Caso Sáhara (2006): en octubre de 2007, la Audiencia admitió a trámite una querella contra 13 responsables marroquíes del Sáhara Occidental por un delito de genocidio, en concurso con asesinatos, lesiones y torturas, contra ciudadanos saharauis entre 1976 y 1988. Tras preguntar a las autoridades judiciales del reino alauí si los hechos estaban siendo investigados, se han recogido declaraciones de varias de las víctimas. El procedimiento sigue en curso.
- Vuelos de la CIA (2006): el 12 de junio de 2006, el juez Moreno se declaró competente para investigar las posibles escalas en el aeropuerto de Palma de Mallorca de aviones de la CIA con presuntos terroristas detenidos.
- Caso Gaza (2008): tras las airadas protestas diplomáticas de Israel ante el aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, después de que la Audiencia Nacional abriera un proceso contra el ex ministro israelí Benjamin Ben-Eliezer por la matanza de 14 civiles en Gaza en 2002, llegaron las primeras restricciones a la jurisdicción universal. En este caso, la Fiscalía se opuso a la competencia de los tribunales españoles y se ordenó el archivo, que la Audiencia llevó a cabo en junio de 2009. La acusación aún se mantiene a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación presentado el 21 de septiembre de 2009.
- Caso campos de concentración nazis (2008): una representación de varios supervivientes y familiares de víctimas españolas en campos de concentración en Austria y Alemania presentó una querella en junio de 2008 contra cuatro ex miembros de la SS Totenkopf alemanas por delitos de lesa humanidad, incluidos asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura y otros actos inhumanos. La Fiscalía la apoyó al considerar que en los campos de Mauthaussen, Sachsenhausen y Flossenbürg) pasaron, al menos, 7.000 españoles republicanos que fueron sometidos "a programas de exterminio". La Audiencia admitió la querella. El juez dictó un auto de procesamiento en septiembre de 2009 contra tres exguardias nazis y ordenó su encarcelamiento provisional con una orden europea. Los encausados se encuentran en EEUU, donde entraron ilegalmente.
- Caso El Salvador (2008): Ignacio Ellacuría y otros cuatro españoles fueron asesinados en 1989 a manos de militares salvadoreños en los que se conoce como la Masacre de los Jesuítas. El juez de instrucción de la Audiencia admitió en enero de 2009 una querella presentada en noviembre del año anterior contra el presidente de El Salvador Alfredo Cristiani y otros 14 antiguos oficiales y soldados del ejército por crímenes de lesa humanidad y terrorismo. El magistrado reculó y sacó a Cristiani del proceso, que sigue en curso contra el resto de denunciados.
- Caso Atenco (2008): una ciudadana española denunció a varios agentes de policía mexicanos y autoridades por un delito de tortura en la modalidad de violencia sexual cometido durante la represión de las protestas de una organización campesina en San Salvador Atenco, México, a principios de mayo de 2006. La Fiscalía, como en tantos casos, se opuso a admitir la querella. Aún está pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo.
- Caso Guantánamo (2009): el 17 de marzo de 2009, la Audiencia Nacional recibió una querella contra el ex Fiscal General de EEUU, Alberto Gonzáles, y otros cinco asesores jurídicos de la Administración de George W. Bush por crear, justificar e implementar actos de tortura e hizo posible la existencia del limbo jurídico de Guantánamo.Antes de resolver su admisión a trámite, el Juzgado de Instrucción nº 6 cursó una comisión rogatoria a Washington para saber si los hechos denunciados estaban siendo ya investigados. La petición se realizó en mayo de 2009 y todavía no hay respuesta.
En paralelo, existe otra investigación abierta de oficio en el Juzgado nº 5 por la tortura y otros delitos denunciados por los españoles Hamed Abderraman Ahmed, Lahcen Ikassrien, Jamiel Abdulatif Al Banna y Omar Deghayes. Los cuatro permanecieron en Guantánamo varios años. No se ha plantado ninguna cuestión de competencia entre ambos juzgados, por lo que estas dos causas relacionadas con la base naval estadounidense siguen su curso.
- Caso Ashraf (2009): el juez Fernando Andreu mandó el 1 de diciembre de 2009 una comisión rogatoria a Irak para informarse si la justicia de ese país investigaba un ataque del Ejército iraquí el pasado julio al campo de refugiados iraníes de Ashraf, que costó la vida a 11 personas y otras 36 fueron secuestradas.
- Caso Flotilla de la Libertad (2010): dos cooperantes españoles presentaron el 23 de julio de 2010 una querella por crímenes de guerra y contra la humanidad contra las autoridades israelíes por el asalto armado que comandos de ese país habían lanzado en mayo del mismo año contra una flota de ayuda a Gaza, que se saldó con nueve muertos. El 30 de julio de 2010, el magistrado Pablo Ruz abrió diligencias previas a fin de determinar la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación.
- Caso Soria (2012): la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el 24 de mayo de 2012 al juez Pablo Ruz el procesamiento de siete exresponsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976 durante el régimen del dictador Augusto Pinochet. Una semana después, el 30 de octubre, el juez Pablo Ruz ordenó la búsqueda, detención e ingreso en prisión de todos ellos y cuya entrega a España fue rechazada por un juez de la Corte Suprema chilena el 26 de julio.
Información elaborada gracias a la recopilación realizada por Amnistía Internacional
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