Para el exjuez, es triste que la justicia española asista "silente" y "ausente" a las entrevistas que la juez argentina María Servini realiza a víctimas del franquismo en la causa que se instruye en ese país, en lugar de instruir el caso en España.
Baltasar Garzón.- EFE
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Para el exjuez, es triste que la justicia española asista "silente" y "ausente" a las entrevistas que la juez argentina María Servini realiza a víctimas del franquismo en la causa que se instruye en ese país, en lugar de instruir el caso en España.
"Cuando una modificación se hace mal y produce estas consecuencias debe de modificarse, debe reconocerse que ha habido un error y tratar de reformar la ley como corresponde". El exjuez Baltasar Garzón ni siquiera entra en la crítica de la propia reforma, sino que se centra en sus "graves consecuencias", como la liberación de narcotraficantes extranjeros detenidos en aguas internacionales.
La Fundación que lleva su nombre ha iniciado hoy en Madrid el I Congreso de Justicia Universal en el siglo XXI. Y el director del curso, Garzón, considera "evidente" que la reforma que ha puesto fin a la justicia universal está "perjudicando gravemente" al país. "España está incumpliendo en este momento los convenios internacionales de los que forman parte y los jueces no están haciendo más que lo que pueden; por una parte, tratando de mantener las investigaciones apelando a esos convenios y, por otra parte, tienen que poner en libertad a aquellos que según la nueva ley no pueden estar en prisión", ha declarado al inicio del Congreso.
Ya van 43 los supuestos narcotraficantes extranjeros puestos en libertad. Para Garzón, la reforma ha provocado una "grave inseguridad jurídica" y "sólo el empecinamiento del Gobierno está determinando que esto no se cambie". Es "muy desafortunado" lo que sucede "y yo le pediróa al Gobierno que rectifique, que piense y que tome medidas".
En cuanto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de continuar con la causa del genocidio maya en Guatemala, bajo el paraguas de delitos de terrorismo, Garzón reconoce que su ex colega no ha podido hacer otra cosa. El fenómeno de las liberaciones de narcos es para él inevitable, pero "las investigaciones debe mantenerse porque, si no, sería quebrantar los tratados internacionales. Yo espero que cuanto antes esta situación se corrija. Y podamos seguir en el punto donde antes estábamos de esa reforma".
Al exjuez le llama "poderosamente la atención" que ningún miembro del Gobierno ni del PP haya asistido a la inauguración del Congreso, a diferencia del resto de los partidos políticos que han mandado representantes al encuentro. El Congreso cuenta con 47 personas expertas de naciones unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, profesores y expertos de 15 países. "Quizá yo les dé un espacio para reflexionar" cuando los especialistas analicen algunas opiniones referidas a las mujeres por ejemplo, porque el congreso tratará los crímenes de lesa humanidad desde la perspectiva de género.
Uno de sus objetivos del Congreso es elaborar unos principios de la jurisdicción universal, a partir de un estudio de la Universidad de Princeton realizado en 2001 tras la detención de Augusto Pinochet en Gran Bretaña. Trece años después, aspiran a actualizarlos y avanzar en otros ámbitos jurídicos, más allá de los crímenes de genocidio y lesa humanidad. Estos principios serán difundidos al término del Congreso, el próximo viernes.
"Cuando una modificación se hace mal y produce estas consecuencias debe de modificarse, debe reconocerse que ha habido un error y tratar de reformar la ley como corresponde". El exjuez Baltasar Garzón ni siquiera entra en la crítica de la propia reforma, sino que se centra en sus "graves consecuencias", como la liberación de narcotraficantes extranjeros detenidos en aguas internacionales.
La Fundación que lleva su nombre ha iniciado hoy en Madrid el I Congreso de Justicia Universal en el siglo XXI. Y el director del curso, Garzón, considera "evidente" que la reforma que ha puesto fin a la justicia universal está "perjudicando gravemente" al país. "España está incumpliendo en este momento los convenios internacionales de los que forman parte y los jueces no están haciendo más que lo que pueden; por una parte, tratando de mantener las investigaciones apelando a esos convenios y, por otra parte, tienen que poner en libertad a aquellos que según la nueva ley no pueden estar en prisión", ha declarado al inicio del Congreso.
Ya van 43 los supuestos narcotraficantes extranjeros puestos en libertad. Para Garzón, la reforma ha provocado una "grave inseguridad jurídica" y "sólo el empecinamiento del Gobierno está determinando que esto no se cambie". Es "muy desafortunado" lo que sucede "y yo le pediróa al Gobierno que rectifique, que piense y que tome medidas".
En cuanto a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de continuar con la causa del genocidio maya en Guatemala, bajo el paraguas de delitos de terrorismo, Garzón reconoce que su ex colega no ha podido hacer otra cosa. El fenómeno de las liberaciones de narcos es para él inevitable, pero "las investigaciones debe mantenerse porque, si no, sería quebrantar los tratados internacionales. Yo espero que cuanto antes esta situación se corrija. Y podamos seguir en el punto donde antes estábamos de esa reforma".
Justicia "silente, ausente"
La juez argentina María Servini comenzó ayer en Bilbao a tomar declaraciones a supervivientes de la Guerra Civil y de la represión franquista dentro de la causa que instruye en ese país. Para Baltasar Garzón, esta labor es muy importante, "pero a la vez es muy triste que la juticia española este silente, ausente por decisión del Tribunal Supremo y sean otros jueces de otros países los que cumpliendo el principio de jurisdicción universal, estén desarrollando ese papel y suplan esa omisión".Al exjuez le llama "poderosamente la atención" que ningún miembro del Gobierno ni del PP haya asistido a la inauguración del Congreso, a diferencia del resto de los partidos políticos que han mandado representantes al encuentro. El Congreso cuenta con 47 personas expertas de naciones unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, profesores y expertos de 15 países. "Quizá yo les dé un espacio para reflexionar" cuando los especialistas analicen algunas opiniones referidas a las mujeres por ejemplo, porque el congreso tratará los crímenes de lesa humanidad desde la perspectiva de género.
Uno de sus objetivos del Congreso es elaborar unos principios de la jurisdicción universal, a partir de un estudio de la Universidad de Princeton realizado en 2001 tras la detención de Augusto Pinochet en Gran Bretaña. Trece años después, aspiran a actualizarlos y avanzar en otros ámbitos jurídicos, más allá de los crímenes de genocidio y lesa humanidad. Estos principios serán difundidos al término del Congreso, el próximo viernes.
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