Más de cinco millones de ciudadanos españoles no pueden calentar sus hogares en invierno
Así lo apunta el III Estudio Pobreza Energética en España.
Un 11 % de los hogares de España, 5’1
millones de personas se declaran incapaces de mantener su vivienda a una
temperatura adecuada en esta época del año.
Se ha producido un incremento del 22 % en dos años.
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las cuatro regiones con mayor incidencia de pobreza energética.
La Asociación de Ciencias Ambientales
(ACA) presentó el pasado jueves en el auditorio de Mediab-Prado de
Madrid su 3er estudio de pobreza energética ‘Pobreza, vulnerabilidad y
desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis’ que desvela que 5’1
millones de personas en España, el 11 % de los hogares, son incapaces
de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, lo que
ha supuesto un incremento del 22 % en tan solo dos años, fecha del
último estudio.
ACA ha continuado con la línea de
investigación que inició en 2012 con la publicación del 1er estudio de
pobreza energética en España y que ha pasado a tener un carácter bianual
con este tercer y último estudio realizado con datos del 2014, que
desvela que el 11,1 % de hogares españoles (5,1 millones de ciudadanos)
se declara “incapaz” de mantener su vivienda a una temperatura adecuada,
lo que sitúa a España por encima de la media europea que está en un
10,2 %.
A pesar de las medidas y avances que se
han puesto en marcha en España desde que ACA presentara su anterior
estudio en 2014, especialmente en el ámbito autonómico y local, el nuevo
estudio revela que hasta un 21 % de los hogares españoles están
experimentado condiciones asociadas a la pobreza energética y que un 6 %
(2´6 millones de ciudadanos) dedican más del 15 % de sus ingresos
familiares al pago de las facturas energéticas.
Otro de los indicadores usados en el
estudio, situaría al 7 % de los hogares españoles en una situación de
pobreza energética dado que los ingresos del hogar son menores que la
renta mínima de inserción española (417 €/mes en 2014) descontando los
gastos de vivienda y energía doméstica, es decir, que casi 5 millones de
españoles apenas tienen con qué vivir, una vez pagados los gastos de
hogar y de energía.
Desigualdad entre Comunidades Autónomas y entre zonas rurales y urbanas
El estudio concluye que no todas las
comunidades autónomas son igual de vulnerables frente a esta
problemática y sitúa a Andalucía, Castilla – La Mancha, Extremadura y
Murcia como las cuatro regiones con mayor grado de afección tanto en
2014 como en el 2007, al inicio de la crisis.
Por su parte, las tres Comunidades
Autónomas que muestran una vulnerabilidad menor son País Vasco,
Principado de Asturias y Comunidad de Madrid también para ambos años.
Respecto a la densidad de población, los
indicadores de gasto señalan una mayor incidencia en zonas rurales o
escasamente pobladas, por lo que tendrían que ser abordado de forma
diferente a las áreas urbanas y periurbanas.
Novedad del estudio: caracterización socio-demográfica de los hogares vulnerables
Una de las principales novedades del
informe elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha
sido avanzar en la caracterización socioeconómica de los hogares que
presentan mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, según el nivel educativo,
casi un tercio (31%) de los hogares que no saben leer ni escribir se
situarían como hogares en pobreza energética según el indicador del 10%,
frente al 7% que registran los hogares con estudios superiores.
En cuanto a la situación laboral los
desempleados, nuevamente, vuelven a mostrar tasas más elevadas que otros
grupos como los trabajadores por cuenta propia, por cuenta ajena o los
perceptores de pensiones contributivas. Así, en el año 2014, el 21% de
los hogares en situación de desempleo registraron retrasos en el pago de
las facturas, frente al 7% de los hogares trabajadores.
La composición del hogar también se ha
mostrado determinante. Así, los hogares con personas mayores, las
familias monoparentales y las familias con 3 o más niños dependientes,
mostraban en 2014 tasas más elevadas que otras tipologías de familias,
cuestión que debería tenerse en cuenta a la hora de definir el concepto
de consumidor vulnerable.
En relación a las condiciones de la
vivienda y al régimen de tenencia, las viviendas en régimen de alquiler,
y en especial aquellas con rentas más bajas, muestran tasas más altas
de pobreza energética, tanto en los indicadores de gastos e ingresos
como en los basados en declaraciones y percepciones, que las viviendas
en propiedad.
El estudio también ha querido analizar la
incidencia de la pobreza energética por niveles de renta para
aproximarse al concepto de desigualdad energética, concluyendo que los
hogares con rentas más bajas gastan menos por persona y unidad de
superficie de la vivienda, pero realizan un sobreesfuerzo para asumir
las facturas. Así, los hogares con rentas más bajas gastan 3 euros menos
por metro cuadrado y persona que los hogares con mayor renta, pero, a
pesar de ello dedican de media un 12% de su renta al pago de las
facturas de energía doméstica (frente al 3% de los hogares con rentas
superiores).
Relación entre salud y pobreza energética
El nuevo estudio ha puesto de manifiesto
como no sólo la pobreza energética tiene consecuencias sobre la salud de
las personas, especialmente el hecho de habitar en una vivienda a una
temperatura adecuada, sino que además existe también una relación en el
sentido contrario; los hogares con problemas de salud tienen mayor
probabilidad de estar en situación de pobreza energética.
Así en el año 2014, el 18% de los hogares
con alguna persona con mala salud en el hogar, se declaraba incapaz de
mantener su vivienda a una temperatura adecuada, frente al 10% de los
hogares que no contaban con ninguna persona con mala salud. Bajo este
indicador, prácticamente se duplican los hogares afectados por la
pobreza energética en los hogares que declaran tener una mala salud.
Por otro lado, ACA pone de manifiesto que
las situaciones de pobreza energética no sólo afectan a las decisiones
de gasto del hogar, que tiene que debatir cómo distribuir sus ingresos
entre todas las necesidades básicas del hogar, sino también a la calidad
de vida y a la salud de las personas, hasta el punto que podría estar
ocasionando el 30 % de las muertes adicionales de invierno, según
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En 2014, la mortalidad adicional de
invierno promedio en España fue de 24.000 muertes por lo que más de
7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a la pobreza
energética. En comparación, cerca de 4.000 personas murieron al año en
accidentes de tráfico en el periodo 1996 – 2014, y se estima que la
contaminación atmosférica causa 33.000 muertes prematuras al año en
España.
Cómo solucionar la pobreza energética
La Asociación de Ciencias Ambientales
(ACA) propone una actuación coordinada en entre diferentes actores y
niveles de la administración por medio de una estrategia estatal de
lucha contra la pobreza energética que involucre a los tres niveles de
la administración, a las empresas suministradoras, ONGs y a los
movimientos ciudadanos.
En este proceso, ACA reclama:
- Impulso de la rehabilitación energética de edificios con enfoque de pobreza energética, como solución a medio y largo plazo a esta problemática y como medida preventiva para reducir la vulnerabilidad futura de la población.
- La reformulación del bono social para adaptarlo a la realidad de los consumidores vulnerables.
- Actuar en el ámbito de los cortes de suministro con cambios legislativos y ampliar el acceso a fondos de ayuda para las situaciones más vulnerables.
- La reforma de las políticas de financiación de eficiencia energética con el fin de beneficiar prioritariamente a hogares vulnerables y con dificultades para invertir en su vivienda.
- El mejor aprovechamiento de oportunidades en el campo de la micro-eficiencia.
- Fomentar programas de formación orientados a los colectivos vulnerables en temas de hábitos de consumo y eficiencia energética.
- Mejorar la transferencia y uso de información relevante para una mejor toma de decisiones, incluyendo la recogida de estadísticas oficiales.
