El Corte Ingles...¿un ERE encubierto?

Sin necesidad de presentar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre el que tanto se rumorea desde hace años, El Corte Inglés está inmerso en un proceso que puede permitirle adelgazar su plantilla con una rapidez inusitada en su historia sin tener que recurrir a medidas traumáticas como un ajuste colectivo de empleo.

La clave está en un endurecimiento de las condiciones laborales del grupo que, con carácter general, entró en vigor el pasado sábado para la mayoría de sus centros en España y que ha abierto la puerta de salida a un número todavía indeterminado de empleados.

Dicha modificación afecta a la división de grandes almacenes, la más importante, con en torno al 65% de la plantilla (más de 60.000 empleados) del grupo que preside Isidoro Álvarez, que estos días está inmerso en negociaciones con la banca acreedora para tratar de refinanciar una deuda de unos 5.000 millones de euros.

Con la última reforma laboral, ese supuesto otorga a cualquier trabajador que se sienta “perjudicado” por la alteración de sus condiciones laborales el “derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses”, según la normativa vigente.

El proceso constituye, en opinión de CCOO (minoritario en la empresa), “un ERE encubierto”.La modificación de las condiciones laborales fue acordada, tras un periodo de consultas de dos meses, el pasado 26 de abril con los dos sindicatos mayoritarios en la empresa, Fetico y Fasga.

Mientras, CCOO critica que ese acuerdo equivale a “la total desregulación de la jornada de trabajo de toda la plantilla y la obligatoriedad generalizada” de trabajar domingos y festivos, incluyendo al colectivo de mayor antigüedad.

El asunto ya está en los tribunales, después de que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite una demanda de conflicto colectivo para intentar forzar la impugnación del acuerdo presentada por CCOO y UGT, en la que lo califican de “fraude de ley”.

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