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La Audiencia de Madrid cierra el paso a que los jueces investiguen a la banca

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• El tribunal anula las actuaciones del juez Silva, que deberá reiniciar ahora el 'caso Blesa'
• Anticorrupción reclama no indagar sobre las preferentes para no dañar a los perjudicados

YA ESTÁ EN LIBERTAD.

Miguel Blesa podría salir de la cárcel

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La Audiencia de Madrid cerró ayer el paso a que los jueces puedan investigar las malas prácticas bancarias, sobre todo en las cajas de ahorros, al exigir que el juez instructor deba ceñirse en las actuaciones al "único y exclusivo hecho denunciado", "con soporte acreditativo" y sin que "sean suficientes los indicios de notoriedad".

La ponente de los seis autos, por los que se anula el caso Blesa, la magistrada de la Sección 30 María Rosa Quintana San Martín, determina que "no se puede reabrir el procedimiento sin nuevos elementos de prueba, pues esa duplicación de oportunidades en favor de la acusación resulta incompatible con la interdicción de someter al inculpado a un doble juicio penal".
La magistrada dice que el proceso "se ha convertido en una causa general, en busca de responsables -al parecer Miguel Blesa de la Parra y Gerardo Díaz Ferrán- de la crisis económica que atravesamos y su castigo; eso sí, por una serie de delitos aún en fase de investigación".

El caso Blesa

Así, la Audiencia Provincial de Madrid anula las actuaciones sobre el crédito de 26,6 millones de euros que, bajo la gestión de Blesa, Caja Madrid concedió de forma presuntamente irregular a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y consejero entonces de la entidad. Y se da la paradoja de que las actuaciones se retrotraen al auto de sobreseimiento provisional de 9 de febrero de 2010, lo que supone que la acusación podrá presentar las pruebas y nuevos indicios, que al inicio no se conocían, cuya falta ha dado lugar a la suspensión de lo actuado por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva.
La Audiencia falla que esta retroacción "lleva aparejada la de las otras actuaciones que de él se derivan", lo que supone que desaparece la recusación que habían planteado las defensas de los dos imputados contra el juez.
Los autos de la Audiencia de Madrid dicen que no hay pruebas suficientes, olvidando así el informe pericial realizado por KPMG en el que se demuestra que Díaz Ferrán otorgó como garantías acciones de Marsans que ya estaban hipotecadas -Blesa ni siquiera lo comprobó- y propiedades que no se visitaron para su tasación.
La ponente de los seis autos, además, anula las actuaciones al considerar que el contrato de préstamo por los 26,6 millones fue aportado por primera vez a la causa no por el denunciante, sino por el denunciado Gerardo Díaz Ferrán, cuando prestó declaración ante el instructor como imputado el 5 de diciembre de 2012, después de la primera y la segunda reapertura.
También, anula las diligencias sobre el seguimiento de las comunicaciones de Miguel Blesa al considerar que no era "suficientemente grave" la presunta comisión de un delito societario como "para justificar tal limitación de los derechos y tal injerencia indiscriminada en el patrimonio y personas de los implicados y sus empresas o personas con ellas relacionadas.
Además, considera que estas diligencias, "que suponen un sacrificio desproporcionado de derechos fundamentales" se adoptó en forma de providencia y no de auto, que debería ser la forma en la que debería haberse emitido por el juez Silva.
Por otra parte, anula la diligencia por la que se le prohibía salir del territorio nacional y se le retiraba el pasaporte a Díaz Ferrán. Considera la magistrada de la Audiencia Provincial que esta medida no se adoptó por el riesgo de fuga, ya que el imputado ya estaba en la cárcel por otro caso distinto, sino porque la versión dada en descargo (dijo haber devuelto el importe del préstamo) le resultó inverosímil al juez.
El próximo día 25, otra Sección, la número 15, decidirá si anula también la investigación por la que Blesa está en prisión -las irregularidades y el sobreprecio pagado por el City National Bank of Florida. El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, insistió sin embargo ayer en que la nulidad decretada no supone la puesta en libertad del expresidente de Caja Madrid, adelantando además que aportará nuevas pruebas que permitan reabrir el proceso sobre el crédito a Díaz Ferrán, al que el juez devolvió además el pasaporte.

Cierre a las preferentes

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido, por otro lado, a la Audiencia Nacional que anule la decisión del juez Fernando Andreu de investigar la comercialización de preferentes porque supondría crear un "paradigma de macro-causa ingobernable" que generaría una "grave desprotección a las víctimas".
En sus recursos de apelación contra los autos en el que el magistrado admitía a trámite varias querellas por este asunto, el fiscal pide que lo resuelva el pleno "dada la trascendencia de las cuestiones que deben debatirse".
Los escritos van dirigidos a la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la misma que ordenó a Andreu investigar las preferentes e incorporarlo a la causa en la que instruye la fusión y salida a bolsa de Bankia, si bien al admitir las querellas el juez decidió abrir una pieza separada con ellas.

fuente: diario El Economista.es