Dominio público
Opinión a fondo
¿Qué se intenta con los tratados mal llamados de libre comercio?
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona
Uno de los componentes del dogma neoliberal que tiene más visibilidad en los mayores medios de información de este país es la supremacía de los mercados, insistiendo en que su eficacia en la distribución de los recursos es mucho mayor que la resultante del intervencionismo público, principio que según los talibanes neoliberales que dominan aquellos medios de información es aplicable a todos los sectores y actividades de la sociedad, donde quiera que esta sociedad exista. Se subraya que es el ciudadano, como usuario y consumidor, el que debe dirigir la distribución de los recursos, repito, en todos los sectores y actividades, incluyendo en las áreas atendidas y cubiertas por los servicios públicos, como la sanidad y la educación. El Partido Libertario, principal componente del máximo representante del ultraliberalismo estadounidense, el Tea Party, ha introducido en esta lista de privatizaciones el servicio público encargado de apagar los incendios: los bomberos. Dicho Partido Libertario, por cierto, es el que goza de mayores simpatías (según propia declaración) del economista de la Universidad de Columbia en Nueva York, el Sr. Sala y Martin, gran gurú económico de los sectores más derechistas del independentismo catalán (quisiera aclarar aquí que mi frecuente referencia en mis escritos a este economista se debe a que es el economista más visible en los altamente manipulados medios de información públicos de la Generalitat de Catalunya, TV3 y Catalunya Ràdio).
Según este partido neoliberal, los bomberos deberían ser privatizados y sus servicios deberían estar determinados por los mercados. No es difícil predecir qué ocurriría si usted se encontrara con que se incendia su casa y llegaran los bomberos, a los que usted les pagará el servicio. Ni que decir tiene que en una situación desesperada (como ver su casa ardiendo) pagaría lo que le pidieran, porque querría que se salvase su casa. Y, naturalmente, aparecerían cuarteles de bomberos en los barrios más pudientes, y dejarían de haberlos en los barrios más pobres. Es más, los bomberos competirían entre ellos, e intentarían por todos los medios –incluyendo poner obstáculos en las carreteras de acceso – a los otros bomberos, con quienes competirían para apagar incendios. Y, como es lógico, se opondrían por todos los medios a que se hicieran campañas de prevención de incendios, pues a más incendios, más negocio. Y es probable que con el tiempo esta competición desapareciera también, monopolizándose su práctica, estableciéndose una complicidad entre los bomberos que tuvieran mayor capacidad de influenciar a las autoridades públicas y dichas autoridades, recibiendo privilegios como tener carreteras especialmente accesibles para ellos. Es fácil de predecir que el número de incendios crecería como consecuencia de la privatización de los servicios de bomberos.
Las consecuencias de la privatización de los servicios esenciales
De todos estos datos se puede entender que la gran mayoría de
servicios de bomberos en la mayoría de países del mundo no estén
privatizados (y que no tengan afán de lucro). Pero, por sorprendente que
parezca, y como señala el bien conocido y respetado economista Dean
Baker (codirector del prestigioso Center for Economic and Policy Research),
hay muchos servicios, tan vitales como los bomberos, que están
dominados por compañías con afán de lucro, con resultados tan
desastrosos como los que tendrían lugar con la privatización de los
servicios de bomberos. Y uno de ellos es el sector farmacéutico. Señala
Dean Baker que la industria farmacéutica se centra predominantemente
–cuando no exclusivamente– en atender a los países ricos, ignorando a
los países pobres. Hoy, las poblaciones que viven en países considerados
como pobres no tienen fármacos a su alcance contra enfermedades
extendidas entre ellas porque no es rentable producirlos para tales
poblaciones. Y cuando estos países pobres se organizan para producir
fármacos –incluyendo fármacos que se utilizan en los países ricos – a
precios más económicos, las empresas farmacéuticas se movilizan para que
dejen de producirlos, imponiéndoselo a través de tratados,
paradójicamente llamados de Libre Comercio, que prohíben a tales países
la producción de fármacos a precios más reducidos.
Los costes de tal privatización
En EEUU, el tratamiento por paciente de casos de Hepatitis C, con el fármaco Sovaldi, cuesta nada menos que 84.000 dólares (unos 76.000 euros) de promedio, mientras que un tratamiento con un medicamento idéntico podría costar en la India solo 200 dólares (unos 180 euros). De ahí que la industria farmacéutica basada en los países ricos esté intentando por todos los medios que se prohíba a la India que produzca o venda tal fármaco a este precios, y lo está casi consiguiendo a base del Tratado de Libre Comercio del Pacífico o Trans-Pacific Partnership (TPP). Y el gobierno de EEUU está presionando al gobierno de la India para que esta cambie en sus políticas de producción y distribución farmacéutica para asemejarlas a las existentes en EEUU (por cierto, permítame el lector hacer una nota al pie de página al hacer esta observación. En contra de lo que postulan autores como el autor italiano Toni Negri, los Estados continúan teniendo gran poder y protagonismo. No es cierto que estén desapareciendo, como lo demuestra que cada vez que hay conflictos entre empresas son los Estados los que resuelven los conflictos, generalmente a favor de los Estados más fuertes).
Su usted analiza los llamados mercados verá la gran concentración de la industria farmacéutica, dominada por grandes empresas a las que el Estado permite, en la práctica, ejercer un gran monopolio, que encarece extraordinariamente el precio de sus productos. El Estado ofrece patentes, lo cual quiere decir que la empresa puede inflar el precio del fármaco tanto como quiera, justificándolo bajo la excusa de que tiene que recuperar el dinero que invirtió en la investigación y producción del fármaco. Y para más inri, es la propia empresa la que presenta las pruebas de la eficacia del fármaco. Las oportunidades para el fraude y la corrupción son enormes. Ahora bien, la industria farmacéutica tiene una enorme influencia en la prensa médica, pues la financia y apoya, dificultando los estudios críticos con dicha industria, a lo que se añaden los estudios financiados por ella que, supuestamente, muestran la eficacia de sus medicamentos. Bien, verá el lector que esto del mercado es un chollo. El ciudadano, como usuario y consumidor, tiene muy poco poder; la ciudadanía debería rebelarse.
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