Ahora mucha gente se entera a través de los medios de la injusticia cometida con esa mujer a la que no dejaban abortar, aunque estuviera en riesgo su vida, nada nuevo en aquellas tierras, ¡la vida de las mujeres no vale nada y lo importante es no abortar porque lo dice la Iglesia!. En El Salvador se puede encontrar una muestra clara de un país donde durante 200 años mandó la iglesia, donde el ejercito responde a ella y a los cuatro ricos que manejan el país, que viene a ser la misma banda de delincuentes puritanos, que gobiernan el país como si fuera una hato o una hacienda de ganado. A través de Amnistía tuve acceso a mil injusticias que se comenten a diario en ese pobre país, y seamos sinceros, tampoco se hubiese sabido de este caso si Amnistía no lo muestra y lo lleva a la primera plana de los medios. Claro que no todo esta perdido, ya alguna parte, mínima por ahora, de la sociedad salvadoreña va entendiendo y conociendo quien es el enemigo y que idea persigue, pero son muy pocos todavía en relación a tanto hombre vulgar y machista y la aceptación asimilada de las mismas mujeres que siguen llenando las iglesias y rezando por el bien de los mismos que la desvalorizan. Es que la educación da sus frutos y durante dos siglos les vienen inculcando que todo lo que le sucede es normal y que además tendrá su fruto en el más allá, "ignorancia programada" la llaman algunos.
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Entre rejas por abortar
Al menos 49 mujeres han sido condenadas por interrupción del embarazo en El Salvador
Algunas pérdidas involuntarias se consideran provocadas
María R. Sahuquillo San Salvador8 JUN 2013 - 19:51 CET190
Cristina Quintanilla y Marlene Catalina Ponce en la cárcel Penal de Ilopango en San Salvador / Jessica Orellana
Aquella noche le dolía el estómago. Era temprano para dar a luz, se dijo. Aún faltaban un par de meses. Finalmente, se levantó a la letrina. Allí sintió un dolor horrible. Y un líquido caliente que le bajaba. Cristina Quintanilla recuerda poco más. Se desmayó. Sus padres, alertados por el ruido de su casita con paredes casi de papel, la encontraron cubierta de sangre en el suelo del baño. Pensaron que se moría. Viven a varios kilómetros del centro de salud, y sin vehículo, así que llamaron a los guardias para que trasladaran a la muchacha. En el hospital confirmaron que ya no estaba embarazada. Y la denunciaron por provocarse un aborto. Ingresada y bajo efectos de la anestesia, recuerda, fue interrogada por policía. “Veía borroso, notaba trajes azules en vez de batas blancas, pero me hacían preguntas. Me dijeron ‘desde este momento estás detenida porque mataste a tu hijo”. La acusaron de homicidio. El día anterior había cumplido 18 años.
Cristina Quintanilla pasó tres días esposada a la cama del hospital. De allí al calabozo de la comisaría y después al penal de Ilopango, la mayor cárcel de mujeres de El Salvador, en San Salvador. Un año después fue informada de su condena en un proceso que luego se demostraría lleno de irregularidades. Comenzó acusada de homicidio imprudente, penado con hasta cinco años de prisión, y salió de la sala condenada por homicidio agravado y una pena de 30 años, a pesar de que los peritos de medicina legal no pudieron determinar que la muerte del feto fuese provocada. “Del hospital pasé a la cárcel, enferma, sin cuidados, deprimida… Acababa de perder a mi hijo y además me estaban condenando por eso”, reclama.
No está sola. Marlene, María Teresa, Manuela... Historias calcadas. La interrupción del embarazo está prohibida en El Salvador. Bajo cualquier circunstancia. Una legislación en la que se dan abortos espontáneos o partos prematuros que se consideran provocados por la mujer. Suelen ser gestaciones avanzadas en las que la embarazada expulsa al feto, que no sobrevive. “Por eso, como están de muchas semanas, las acusan de homicidio imprudente u homicidio agravado por parentesco”, explica Dennis Muñoz, abogado experto en estos casos. Las interrupciones voluntarias del embarazo, muchas realizadas con fármacos y en etapas más prontas de la gestación —a veces no hay huella del feto—, se condenan como aborto consentido o propio, penado con hasta ocho años; aunque la mayoría son condenadas a tres y nunca entran en prisión.
Entre 2000 y 2011, al menos 129 mujeres fueron procesadas por aborto, homicidio agravado u homicidio imprudente. 49 fueron condenadas, según una investigación de la Agrupación para la Despenalización del Aborto (pendiente de publicación). En esa estadística está Cristina, a la que el Estado le conmutó la pena cuando había cumplido cuatro años. Es una mujer fuerte, hasta con las palabras. Originaria de una zona rural e incomunicada del departamento de Oriente, fue madre a los 16 años de un niño que adora. “He salido del penal, estoy contenta, pero me perdí cuatro años de la vida de mi hijo, su primer día de escuela… Eso el Gobierno no me lo va a devolver”, dice.
Tampoco a Marlene Ponce le resarcirán el tiempo que pasó privada de libertad. De mirada dulce y voz suave, asegura que no sabía que estaba encinta cuando una tarde de 2009, con 18 años, empezó a sentirse mal, con dolor de estómago; rara. “Estaba en el instituto y decidí volver a la casa. Fui al baño y noté sangre, me desmayaba así que mis hermanas me llevaron a una clínica privada y allá el doctor me dijo que estaba embarazada y que probablemente lo que me había pasado era un aborto”, cuenta. Aquél facultativo la derivó al hospital. Allí fue denunciada por los sanitario.
La acusaron de homicidio agravado e ingresó, convaleciente, en el penal de Ilopango, uno de los más saturados del mundo. “Nunca imaginé como es estar en la cárcel. Es muy duro, por la gente que hay allá, comes en el suelo… No había ni fuente para tomar agua, apenas te puedes bañar”, relata Marlene. En el penal, un rollo de papel higiénico podía costar 1 dólar. Y no había catres para todas las reclusas. La joven pasó semanas durmiendo en una colchoneta bajo una fila de literas. Estuvo presa ocho meses. Luego fue absuelta. La policía investigó su casa, en una aldea del centro del país, incluso el huerto; y desenterraron huesos que luego se demostró que eran de animal. No hubo pruebas del delito.
Mujeres solteras o con la pareja lejos, pobres, de zonas rurales o barrios deprimidos, poco formadas e informadas. Así son las mujeres procesadas por delitos relacionados con la interrupción del embarazo en El Salvador, según el informe de la Agrupación. Como María Teresa Rivera, de 30 años, trabajadora de la maquila textil que lleva dos años en la cárcel condenada por homicidio agravado —como ella hay otras 22 internadas—. Su familia la llevó al hospital tras encontrarla desmayada y cubierta de sangre en su casa. En su declaración judicial relató que no sabía que estaba embarazada. Siempre tuvo menstruaciones irregulares, y aunque hacía tres meses que no sangraba no se alarmó. Los médicos no determinaron de cuántas semanas de embarazo estaba; aunque el juez aceptó el testimonio de su jefa de la fábrica, que relató que en enero de 2011 la mujer le había contado que sospechaba que podía estar encinta. El episodio de la sangre en el baño fue 11 meses después de esa fecha.
“La falta de una definición legal de lo que es exactamente interrupción del embarazo y la durísima legislación hace que se produzcan situaciones dantescas. Cristina tuvo una complicación obstétrica y aún así fue condenada. Y además a una pena severa, injusta, desproporcionada; como se determinó después", señala el abogado Dennis Muñoz. Él la conoció cuando ya estaba en prisión y llevó su caso, como lo hace ahora con María Teresa Rivera desde la Agrupación para la Despenalización del Aborto. "Lo que están haciendo con estas mujeres no es justo. Hace falta corregir la legislación, pero también apuntalar los casos mediante pruebas y médicos especializados, algo que ahora no siempre se hace con todos los medios deseables", considera.
“La prohibición total del aborto genera desprotección. Como las de estas mujeres, consideradas sospechosas de un primer vistazo; también condena a las que necesitan abortar a la clandestinidad”, sostiene Lesbia Gutiérrez, experta de la organización contra el aborto inseguro IPAS. No hay datos oficiales sobre interrupción del embarazo en El Salvador, pero un informe del Instituto Guttmacher y la Organización Mundial de la Salud indica que 25 de cada mil mujeres han pasado por esta intervención en la región. “Las ricas salen del país para hacerlo, pero las pobres recurren a prácticas que pueden ser fatales. Tanto por el riesgo sanitario como por el de la denuncia”, asegura. De hecho, el 60% de las mujeres procesadas por estos delitos fueron denunciadas por el personal sanitario. “Algunos médicos se escudan en un artículo del Código Penal que dicta que cualquier delito de sangre debe ser denunciado, y en ocasiones lo hacen rápidamente y sin indicios de que el aborto es provocado. Aunque lo fuera, están vulnerando el secreto profesional”, dice el ginecólogo Juan Carlos Barahona.
Mery, universitaria de 27 años, acudió al hospital con una fuerte hemorragia en 2012. Asustada, explicó que estaba embarazada de ocho semanas y que había conseguido por Internet unas pastillas de misoprostol, un fármaco para la úlcera que puede provocar aborto. Los facultativos la denunciaron y fue condenada a dos años de prisión. El juez dictó que debía cumplirlos en el penal. Pasó allí una semana. Hasta que se cortó las venas y fue internada en una institución mental. Estuvo allí seis meses. Luego le concedieron medidas sustitutorias. Hoy sigue en tratamiento, pero se ve coartada por sus antecedentes penales para hallar empleo. Prefiere no hablar del caso, su pareja explica que no lo ha superado.
Cristina y Marlene sí lo han hecho. La primera cuenta que ha canalizado su rabia en estudiar. Retomó los libros donde los había dejado años antes y consiguió graduarse. Ahora, a sus 26 años, aprende inglés. Marlene estudia Educación Infantil y está deseando ser profesora. Forman parte de un grupo de recuperación de mujeres que pasaron por la misma situación. Mujeres que pasaron del hospital a la cárcel.
No está sola. Marlene, María Teresa, Manuela... Historias calcadas. La interrupción del embarazo está prohibida en El Salvador. Bajo cualquier circunstancia. Una legislación en la que se dan abortos espontáneos o partos prematuros que se consideran provocados por la mujer. Suelen ser gestaciones avanzadas en las que la embarazada expulsa al feto, que no sobrevive. “Por eso, como están de muchas semanas, las acusan de homicidio imprudente u homicidio agravado por parentesco”, explica Dennis Muñoz, abogado experto en estos casos. Las interrupciones voluntarias del embarazo, muchas realizadas con fármacos y en etapas más prontas de la gestación —a veces no hay huella del feto—, se condenan como aborto consentido o propio, penado con hasta ocho años; aunque la mayoría son condenadas a tres y nunca entran en prisión.
Entre 2000 y 2011, al menos 129 mujeres fueron procesadas por aborto, homicidio agravado u homicidio imprudente. 49 fueron condenadas, según una investigación de la Agrupación para la Despenalización del Aborto (pendiente de publicación). En esa estadística está Cristina, a la que el Estado le conmutó la pena cuando había cumplido cuatro años. Es una mujer fuerte, hasta con las palabras. Originaria de una zona rural e incomunicada del departamento de Oriente, fue madre a los 16 años de un niño que adora. “He salido del penal, estoy contenta, pero me perdí cuatro años de la vida de mi hijo, su primer día de escuela… Eso el Gobierno no me lo va a devolver”, dice.
Tampoco a Marlene Ponce le resarcirán el tiempo que pasó privada de libertad. De mirada dulce y voz suave, asegura que no sabía que estaba encinta cuando una tarde de 2009, con 18 años, empezó a sentirse mal, con dolor de estómago; rara. “Estaba en el instituto y decidí volver a la casa. Fui al baño y noté sangre, me desmayaba así que mis hermanas me llevaron a una clínica privada y allá el doctor me dijo que estaba embarazada y que probablemente lo que me había pasado era un aborto”, cuenta. Aquél facultativo la derivó al hospital. Allí fue denunciada por los sanitario.
La acusaron de homicidio agravado e ingresó, convaleciente, en el penal de Ilopango, uno de los más saturados del mundo. “Nunca imaginé como es estar en la cárcel. Es muy duro, por la gente que hay allá, comes en el suelo… No había ni fuente para tomar agua, apenas te puedes bañar”, relata Marlene. En el penal, un rollo de papel higiénico podía costar 1 dólar. Y no había catres para todas las reclusas. La joven pasó semanas durmiendo en una colchoneta bajo una fila de literas. Estuvo presa ocho meses. Luego fue absuelta. La policía investigó su casa, en una aldea del centro del país, incluso el huerto; y desenterraron huesos que luego se demostró que eran de animal. No hubo pruebas del delito.
Mujeres solteras o con la pareja lejos, pobres, de zonas rurales o barrios deprimidos, poco formadas e informadas. Así son las mujeres procesadas por delitos relacionados con la interrupción del embarazo en El Salvador, según el informe de la Agrupación. Como María Teresa Rivera, de 30 años, trabajadora de la maquila textil que lleva dos años en la cárcel condenada por homicidio agravado —como ella hay otras 22 internadas—. Su familia la llevó al hospital tras encontrarla desmayada y cubierta de sangre en su casa. En su declaración judicial relató que no sabía que estaba embarazada. Siempre tuvo menstruaciones irregulares, y aunque hacía tres meses que no sangraba no se alarmó. Los médicos no determinaron de cuántas semanas de embarazo estaba; aunque el juez aceptó el testimonio de su jefa de la fábrica, que relató que en enero de 2011 la mujer le había contado que sospechaba que podía estar encinta. El episodio de la sangre en el baño fue 11 meses después de esa fecha.
“La falta de una definición legal de lo que es exactamente interrupción del embarazo y la durísima legislación hace que se produzcan situaciones dantescas. Cristina tuvo una complicación obstétrica y aún así fue condenada. Y además a una pena severa, injusta, desproporcionada; como se determinó después", señala el abogado Dennis Muñoz. Él la conoció cuando ya estaba en prisión y llevó su caso, como lo hace ahora con María Teresa Rivera desde la Agrupación para la Despenalización del Aborto. "Lo que están haciendo con estas mujeres no es justo. Hace falta corregir la legislación, pero también apuntalar los casos mediante pruebas y médicos especializados, algo que ahora no siempre se hace con todos los medios deseables", considera.
“La prohibición total del aborto genera desprotección. Como las de estas mujeres, consideradas sospechosas de un primer vistazo; también condena a las que necesitan abortar a la clandestinidad”, sostiene Lesbia Gutiérrez, experta de la organización contra el aborto inseguro IPAS. No hay datos oficiales sobre interrupción del embarazo en El Salvador, pero un informe del Instituto Guttmacher y la Organización Mundial de la Salud indica que 25 de cada mil mujeres han pasado por esta intervención en la región. “Las ricas salen del país para hacerlo, pero las pobres recurren a prácticas que pueden ser fatales. Tanto por el riesgo sanitario como por el de la denuncia”, asegura. De hecho, el 60% de las mujeres procesadas por estos delitos fueron denunciadas por el personal sanitario. “Algunos médicos se escudan en un artículo del Código Penal que dicta que cualquier delito de sangre debe ser denunciado, y en ocasiones lo hacen rápidamente y sin indicios de que el aborto es provocado. Aunque lo fuera, están vulnerando el secreto profesional”, dice el ginecólogo Juan Carlos Barahona.
Mery, universitaria de 27 años, acudió al hospital con una fuerte hemorragia en 2012. Asustada, explicó que estaba embarazada de ocho semanas y que había conseguido por Internet unas pastillas de misoprostol, un fármaco para la úlcera que puede provocar aborto. Los facultativos la denunciaron y fue condenada a dos años de prisión. El juez dictó que debía cumplirlos en el penal. Pasó allí una semana. Hasta que se cortó las venas y fue internada en una institución mental. Estuvo allí seis meses. Luego le concedieron medidas sustitutorias. Hoy sigue en tratamiento, pero se ve coartada por sus antecedentes penales para hallar empleo. Prefiere no hablar del caso, su pareja explica que no lo ha superado.
Cristina y Marlene sí lo han hecho. La primera cuenta que ha canalizado su rabia en estudiar. Retomó los libros donde los había dejado años antes y consiguió graduarse. Ahora, a sus 26 años, aprende inglés. Marlene estudia Educación Infantil y está deseando ser profesora. Forman parte de un grupo de recuperación de mujeres que pasaron por la misma situación. Mujeres que pasaron del hospital a la cárcel.
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